Detienen a siete tras enfrentamiento con policías por desalojo de motos en Motolinia
La noche del martes se registró un enfrentamiento en la calle Motolinia, en el Centro Histórico, luego de que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieran a retirar motocicletas estacionadas en la vía pública. Según la SSC, siete hombres fueron detenidos por agredir a policías durante el operativo.
El desalojo, parte de operativos recientes para recuperar el espacio peatonal y reducir el comercio y estacionamiento irregular, derivó en una confrontación que vecinos y comerciantes describen como tensa y rápida. La Secretaría informó que los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público; no ofreció en su comunicado detalles sobre posibles lesionados ni la identidad de los arrestados.
“Los operativos llegan tarde y sin diálogo, y cuando vienen, se siente que se busca resolver con mano dura lo que es un problema social”, dijo una vendedora ambulante del lugar, quien pidió no revelar su nombre. Para muchos comerciantes y repartidores, las motocicletas no son un lujo sino una herramienta de trabajo —explicó—, y la falta de alternativas propicia este tipo de roces con la autoridad.
El episodio vuelve a poner en el foco la tensión entre dos objetivos legítimos: recuperar la vía pública para peatones y garantizar el orden, y generar mecanismos que no criminalicen la precariedad laboral. De acuerdo con especialistas en movilidad consultados por este medio, campañas de retiro sin información previa ni opciones de resguardo para vehículos suelen escalar en confrontaciones y generar desconfianza en la población.
La SSC defendió el operativo como parte de una estrategia para mejorar la movilidad y la seguridad en el Centro Histórico. Sin embargo, organizaciones ciudadanas y vecinos exigen protocolos claros: notificación previa, alternativas de parqueo, espacios para comercio ordenado y mecanismos de mediación antes de proceder al retiro forzoso.
Más allá del episodio puntual, la discusión obliga a preguntarse si las autoridades cuentan con un plan integral que articule movilidad, trabajo informal y espacio público. Recuperar aceras no debe convertirse en excusa para empujar a la gente a la clandestinidad ni para normalizar el uso desproporcionado de la fuerza. Como recuerda la experiencia de otros centros urbanos, políticas que combinan sanción con oferta —estacionamientos, horarios regulados, programas de reconversión laboral— suelen dar mejores resultados y menos confrontaciones.
La Fiscalía y la SSC deberán transparentar las actuaciones: aportar registros, justificar detenciones y, si hubo abuso, abrir procesos de investigación. La ciudadanía exige respuestas claras y soluciones que no sólo limpien una calle, sino que mejoren la vida diaria de quienes dependen de ella. Este medio seguirá el caso y consultará a las autoridades y a los afectados para documentar las consecuencias reales de estas medidas en el Centro Histórico.