Sheinbaum plantea recortar al INE y exige transparencia en contrataciones para 2027
La jefa del Ejecutivo pidió a la Cámara de Diputados ajustar la bolsa presupuestal del órgano electoral y blindar los procesos de contratación rumbo a las elecciones.
Claudia Sheinbaum volvió a poner el foco en el Instituto Nacional Electoral (INE) y lo hizo con dos demandas que prometen confrontar a la dirección del órgano, a los partidos y a los diputados: ahorrar en el presupuesto del INE y establecer mecanismos estrictos de transparencia en las contrataciones relacionadas con los comicios de 2027. La exigencia, planteada ante legisladores y medios, llega en un contexto de tensión entre el gobierno y el árbitro electoral.
Según la propuesta dirigida a la Cámara de Diputados, la intención es ajustar la «bolsa presupuestal» del INE para priorizar recursos en programas sociales y otros rubros que el gobierno considera prioritarios. Al mismo tiempo, Sheinbaum pidió que cualquier recorte vaya acompañado de medidas para blindar la transparencia en adjudicaciones, contrataciones y licitaciones vinculadas a la organización electoral.
La combinación de recorte y supervisión busca presentar un argumento doble: por un lado, evitar lo que el gobierno describe como gasto excesivo; por el otro, cortar de raíz posibles prácticas opacas en compras y contrataciones. Sin embargo, para especialistas y actores de la sociedad civil la propuesta tiene claros riesgos institucionales.
El INE, cuya función es garantizar comicios libres y públicos, requiere recursos para logística, capacitación de funcionarios, impresión de materiales, vigilancia del sistema de cómputo y pago de personal temporal. Un recorte no acotado a partidas administrativas puede traducirse en menos casillas, retrasos en procesos de capacitación o problemas en la cadena logística, advierten expertos en derecho electoral consultados por este diario.
Desde la óptica del gobierno, el mensaje es sencillo: no se trata de debilitar al árbitro, sino de hacer más eficiente su gasto y evitar contratos a modo. La metáfora que utiliza el equipo de Sheinbaum es la de «afinar la navaja presupuestal», recortar gastos superfluos y asegurar que cada peso destinado a la elección esté auditado y sujeto a reglas claras.
No obstante, la memoria reciente ofrece advertencias. En procesos anteriores, recortes presupuestales mal calibrados a órganos encargados de la elección han derivado en cuellos de botella logísticos y en pérdida de confianza ciudadana. Además, cerrar las válvulas de financiamiento sin fortalecer garantías de autonomía puede dejar al INE vulnerable a presiones políticas indirectas. Esa tensión entre ahorro y autonomía será el terreno de disputa en las próximas semanas en San Lázaro.
La propuesta también incluye la creación de criterios más estrictos para adjudicaciones, con mecanismos de vigilancia que involucran a la Auditoría Superior de la Federación y, según la solicitud, filtros públicos que permitan seguimiento ciudadano de contrataciones. En la práctica, esto podría significar enlaces de transparencia más detallados, pliegos de condiciones públicos y auditorías ex post obligatorias.
Organizaciones de la sociedad civil que trabajan en transparencia y vigilancia electoral consideraron positiva la insistencia en controles de contratación, pero señalaron la necesidad de no condicionar esos controles a recortes arbitrarios. «Fiscalizar y transparentar es imprescindible, pero debe ser complementario a garantizar que el INE tenga lo necesario para organizar elecciones confiables», dijo a este medio una investigadora de una ONG especializada en procesos electorales.
Legisladores de la oposición anticiparon críticas firmes. Voceros del PAN y del PRI han señalado en otros foros que cualquier reducción al INE debe justificarse con cifras y estudios de impacto, y no con consignas. Ese debate será determinante: la Cámara de Diputados es la instancia que define el Presupuesto de Egresos y ahí se decidirá si la propuesta de Sheinbaum se traduce en recorte, en reordenamiento interno o en un paquete mixto que combine ajustes y mayores controles.
Para la ciudadanía, el debate tiene efectos concretos. Una organización electoral debilitada por falta de recursos puede traducirse en mayores dificultades para la inscripción de candidatas y candidatos independientes, carencias en la capacitación de funcionarios de mesa, y un riesgo mayor de fallas logísticas que afecten la jornada electoral. Por el contrario, una mejora real en la transparencia de las contrataciones puede reducir la sospecha de favoritismos y fortalecer la rendición de cuentas, un beneficio claro para la confianza pública.
El escenario inmediato apunta a negociaciones en el Congreso y a mesas técnicas donde el INE deberá presentar cifras precisas sobre el impacto de posibles recortes. La propuesta de Sheinbaum obliga a las partes a ponerse de acuerdo en dos frentes: cómo ahorrar sin poner en riesgo la operación electoral y cómo blindar las contrataciones para que no queden al albur de negociaciones opacas.
Al cierre de esta nota, ni el INE ni la Cámara de Diputados habían emitido una respuesta definitiva al paquete de propuestas. Lo que sí queda claro es que las próximas semanas serán clave para definir si el ajuste presupuestal será un ejercicio de eficiencia administrativa o el inicio de un pulso que ponga en riesgo la autonomía del árbitro electoral. La ciudadanía, como siempre, tiene mucho en juego.
Fuente: Cámara de Diputados e INE, declaraciones públicas y análisis de especialistas en procesos electorales.