Sheinbaum minimiza caso Zuany y niega riesgo para la relación con estados unidos
La presidenta Claudia Sheinbaum rompió el silencio este jueves tras el reportaje de The New York Times que apunta a que el exprocurador Guillermo Zuany Portillo habría colaborado con una agencia estadounidense a cambio de recuperar su visa. En su intervención, la mandataria negó que el caso ponga en peligro la relación bilateral con Estados Unidos y pidió no sacar conclusiones adelantadas.
El caso, revelado por The New York Times, vuelve a poner sobre la mesa la frágil mezcla entre seguridad, cooperación internacional y las prácticas internas de las instituciones mexicanas. Cuando la política pública se parece a un puñado de cartas que nadie quiere mostrar, la ciudadanía pierde noción de quién decide y con qué criterios.
Para buena parte de la opinión pública, la inquietud no es solo diplomática: se trata de confianza. Si funcionarios encargados de la procuración de justicia mantienen vínculos opacos con agencias extranjeras, la percepción de impunidad y clientelismo se ensancha. Esa erosión institucional tiene efectos concretos: menos inversión en comisarías, noches más largas para quien vive en zonas donde la justicia tarda en llegar, y dudas sobre la protección de migrantes y víctimas.
Sheinbaum intentó contener la controversia apuntando a la necesidad de “pruebas” y a no convertir un caso particular en una crisis bilateral. Esa postura evita, por ahora, una disputa pública con Washington, pero no responde al reclamo central: claridad. La ciudadanía exige saber qué llevó a un exfuncionario a negociar su estatus migratorio con una agencia extranjera y si hubo beneficios institucionales o transferencias de información sensibles.
Analistas consultados por este diario señalan que el episodio debe impulsar dos cosas concretas: investigación independiente y reformas que transparenten los protocolos de colaboración con potencias. No basta con decir que la relación diplomática está intacta cuando lo que está en juego es la salud de las instituciones que sostienen la convivencia democrática.
Mientras tanto, el gobierno enfrenta un dilema clásico: contener la crisis sin cerrar la puerta a la rendición de cuentas. Si el objetivo es reconstruir confianza, se necesitarán medidas visibles —auditorías, comparecencias públicas y garantías legales— que expliquen a la gente cómo se protegen sus derechos cuando cruzan fronteras y cuando sus servidores públicos actúan en el nombre del Estado.
El reportaje de The New York Times encendió la chispa; la respuesta institucional dirá si esa chispa se apaga rápido o si prende una discusión más profunda sobre transparencia, vigilancia y soberanía en tiempos de cooperación internacional.