Sheinbaum descarta vínculos con el narco; atribuye caso a desvío por contratos
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, negó hoy cualquier relación entre su administración y la delincuencia organizada y sostuvo que las pesquisas en curso del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se concentran en el presunto desvío de recursos a través de contratos irregulares, no en actividades narco.
“Las investigaciones por lavado de dinero del SAT y la UIF se centran en el desvío de recursos de contratos ilegales y no en actividades delictivas de la delincuencia organizada”, sostuvo Sheinbaum en sus declaraciones. La aclaración llega en un clima político en el que las acusaciones públicas y las filtraciones mediáticas han tensionado la confianza ciudadana en las instituciones.
Según el propio SAT y la UIF, las pesquisas fiscales y financieras suelen orientarse a detectar patrones como facturación simulada, empresas fantasma y sobreprecios en contratos públicos, prácticas que desvían recursos que deberían destinarse a servicios básicos. Ese tipo de mecanismos explican, en esencia, por qué las autoridades fiscales enfocan investigaciones en el rastro del dinero y no necesariamente en el vínculo directo con redes delictivas.
La aclaración de Sheinbaum no apaga la preocupación pública. Legisladores de la oposición exigieron que las autoridades presenten evidencias claras y que los órganos de control —tanto internos como externos— auditen los contratos señalados. Ciudadanas y ciudadanos, por su parte, ven en estos casos el reflejo de un daño concreto: menos recursos para salud, educación y servicios urbanos cuando el presupuesto es desviado.
Desde una mirada crítica pero constructiva, la respuesta institucional requiere tres pasos claros: que la UIF y el SAT publiquen los alcances técnicos de sus hallazgos sin vulnerar investigaciones en curso; que exista una auditoría independiente de los contratos cuestionados; y que se fortalezca la transparencia en la contratación pública para evitar que los huecos administrativos se conviertan en atajos para la corrupción.
El caso también plantea un debate político más amplio sobre responsabilidad y rendición de cuentas. No basta con negar vínculos con el narco: las autoridades deben demostrar, con documentos y procesos, cómo se recuperan los recursos y se sanciona a los responsables. En términos prácticos, eso implica sanciones administrativas y penales cuando proceda, y medidas para que el dinero vuelva a servir a la ciudadanía.
La UIF y el SAT son las fuentes centrales de estas pesquisas, y su trabajo determinará en buena medida si el asunto queda en una disputa retórica o avanza hacia sanciones efectivas. Mientras tanto, la sociedad exige claridad: cuando el erario se convierte en metáfora de un río atravesado por fugas, lo urgente es tapar las filtraciones para que el agua llegue a quienes la necesitan.
Fuentes: declaraciones públicas de Claudia Sheinbaum, SAT y UIF.