Sheinbaum rinde cuentas: logros, vacíos y lo que viene para la gente
Este martes la presidenta enviará el segundo informe de gobierno al Congreso de la Unión y dará un mensaje desde el Palacio Nacional. Más que un acto protocolario, es una radiografía de políticas que ya tocan la vida cotidiana: pensiones, programas sociales, obra pública y seguridad. Parte del debate público gira alrededor de si esos anuncios se traducen en bienestar real o solo en titulares.
En materia económica el gobierno destaca la estabilidad macroeconómica y la continuidad del gasto social. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Banco de México, la inflación ha mostrado una moderación respecto al pico postpandemia, pero el poder adquisitivo de amplios sectores sigue rezagado frente al costo de la canasta básica. Para hogares que viven del salario, eso pesa más que porcentajes: menos comida en la despensa es un indicador que la ciudadanía siente día a día.
Los programas sociales son la bandera gubernamental y, en efecto, han ampliado cobertura. No obstante, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) recuerda que cobertura no es lo mismo que reducción estructural de la pobreza. Aquí hay una tensión clásica: transferencias que alivian, pero sin planes sostenibles de empleo y formación, prometen poco para el mediano plazo.
En seguridad persisten las dudas. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestra que homicidios y delitos de alto impacto no han tenido una caída sostenida. Para muchas comunidades, la seguridad sigue siendo motivo de desvelo; para el gobierno, la narrativa apunta a avances localizados y coordinación con fuerzas federales.
La agenda energética y de obra pública también divide. Proyectos como el Tren Maya y la política de fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad reciben halagos por generar empleo y soberanía energética, pero la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y organizaciones civiles han señalado observaciones en compras y contrataciones que ponen en riesgo la transparencia y la eficiencia del gasto.
Importa porque las decisiones del Ejecutivo definen si la promesa de justicia social se convierte en rutinas palpables: servicios de salud que funcionan, escuelas con recursos, salarios que alcancen y ciudades donde caminar sin miedo sea una realidad. Como recuerda la Secretaría de Hacienda, las finanzas públicas no son abstracción: son recursos destinados a hospitales, carreteras y programas sociales.
El segundo informe será, entonces, una oportunidad para que la Presidencia explique cifras y muestre soluciones a los vacíos señalados por INEGI, Banxico, CONEVAL, SESNSP y la ASF. La ciudadanía necesita datos claros y compromisos medibles: más que retórica, políticas que mejoren la vida cotidiana y mecanismos que permitan evaluar su cumplimiento.