Rocha moya se va: sinaloa queda entre la impunidad y la sangre de la lucha narco
El gobernador sale del poder marcado por una acusación en tribunales de Estados Unidos y por un repunte de violencia que convierte al estado en la mancha oscura del México que presume avances en seguridad.
Rubén Rocha Moya dejó la gubernatura de Sinaloa en un momento en el que la frontera entre política y crimen organizado se siente más borrosa que nunca. Una acusación presentada en tribunales estadounidenses que lo señala como «colaborador necesario» del Cártel de Sinaloa ha opacado los programas sociales de su administración y ha encendido alarmas sobre la capacidad del Estado para combatir a las mafias que desde hace décadas marcan la geografía local.
Qué está ocurriendo en la calle
Hace más de año y medio estalló un conflicto abierto entre facciones del Cártel de Sinaloa —identificadas en reportes como los hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán frente a los grupos cercanos a Ismael «El Mayo» Zambada—. Desde entonces, autoridades estatales y federales reportan un alza persistente en delitos de alto impacto: homicidios, feminicidios y robo de vehículos figuran entre los más señalados por vecinos y empresarios.
El resultado es visible: negocios que cierran temprano, rutas de transporte alteradas por retenes clandestinos, escuelas que suspenden actividades y familias que se movilizan en silencio para proteger a los suyos. Una sensación de vulnerabilidad que las cifras oficiales y las investigaciones periodísticas han venido documentando en los últimos meses.
La respuesta federal y la visita de García Harfuch
Este lunes, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, viajó a sinaloa para lanzar un mensaje de calma: la seguridad del estado está en manos de la administración federal. La presencia del funcionario busca trasladar responsabilidad operativa y política al Gobierno central, mientras las autoridades federales despliegan operativos y prometen investigaciones.
Sin embargo, para muchos ciudadanos la promesa no es consuelo: la desconfianza hacia instituciones persiste y la percepción de impunidad se alimenta con cada asesinato sin resolución y con la existencia de documentos judiciales internacionales que vinculan a actores públicos con el crimen.
Impacto político y social
- Deslegitimación del poder local: la acusación en Estados Unidos dinamita la credibilidad de la administración saliente y contagia a la clase política regional.
- Economía y tejido social: el incremento de delitos frena inversiones, afecta al turismo y obliga a muchos comerciantes a gastar más en seguridad privada.
- Víctimas y memoria: las familias de víctimas reclaman justicia; los feminicidios y homicidios no son estadísticas, son historias que exigen respuestas.
Estado de la seguridad: un panorama resumido
| Indicador | Tendencia reciente | Fuente mencionada |
|---|---|---|
| Homicidios | Alza sostenida en municipios conflictivos | Reportes oficiales y notas periodísticas locales |
| Feminicidios | Incremento y reclamos de impunidad | Documentos de fiscalía estatal y activistas |
| Robo de vehículos | Incremento asociado a violencia organizada | Denuncias ciudadanas y oficios policiales |
| Presencia federal | Refuerzo operativo y promesas de coordinación | Declaraciones de la SSPC |
¿Qué falta para que cambie el rumbo?
- Transparencia y acciones judiciales: investigación pública, efectiva y con resultados verificables sobre las acusaciones internacionales.
- Protección a víctimas y testigos: programas efectivos que permitan romper el ciclo de silencio.
- Política social y economía local: medidas destinadas a reducir la vulnerabilidad económica que facilita al crimen su base de apoyo.
- Control civil e inspección ciudadana: mecanismos de rendición de cuentas locales y participación comunitaria en la vigilancia del gasto y la seguridad.
Conclusión
Sinaloa, tierra de pesca y de historia cultural, termina esta etapa con una herida abierta. La salida de Rocha Moya no es un cierre, es una señal de que la política local se enfrentará a un examen público: separar hechos de acusaciones, garantizar justicia y recuperar la seguridad cotidiana para las familias. El reto es político, judicial y social. Si no se actúa con transparencia y firmeza, la sangre derramada y la sensación de impunidad seguirán marcando la vida de los sinaloenses por mucho tiempo.
Fuentes consultadas: documentos judiciales presentados en tribunales de Estados Unidos, declaraciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, reportes de fiscalía estatal y coberturas periodísticas locales y nacionales.