Robos a la baja, fraudes y extorsiones pelean el bolsillo de la gente
Mientras el robo disminuye a nivel nacional, fraudes y extorsiones crecen y cambian la forma en que se vulnera a la ciudadanía, según el INEGI
La lectura de las cifras de 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, trae una paradoja inquietante: las denuncias y la incidencia de robos tradicionales muestran una tendencia a la baja, pero los delitos que más erosionan el bienestar cotidiano, como fraudes y extorsiones, mantienen un ritmo de crecimiento sostenido. No es un detalle menor: cambian los actores, cambian las tácticas y cambia el daño que termina en la economía doméstica.
No se trata solo de cifras. Comerciantes que atienden mostrador, trabajadores que cobran por transferencia y familias que compran en línea reportan perder dinero por clonación de tarjetas, fraudes en comercio electrónico, llamadas extorsivas y cobros indebidos. El INEGI registra este viraje en su encuesta de victimización y percepción, y lo que queda claro es que la lucha contra la inseguridad exige adaptarse a un escenario cada vez más digital y más sutil.
¿Por qué ocurren estas distorsiones? En parte por la visibilidad. Robos a la calle y asaltos generan alarma pública inmediata; por eso reciben recursos y campañas policiacas. Fraudes y extorsiones, en cambio, se esconden en una maraña de transacciones electrónicas, inmersas en la desconfianza y en la falta de denuncia. Muchas víctimas no acuden a fiscalías por la sensación de pérdida de tiempo o por desconfianza en la respuesta institucional. Esa sombra de impunidad es terreno fértil para quienes recurren a la extorsión telefónica o al phishing.
Las consecuencias son concretas y cotidianas: ahorro familiar perdido, cierre de micronegocios, angustia y desconfianza en el uso de servicios digitales. Para sectores ya frágiles, un fraude bancario puede significar la diferencia entre mantener trabajadores o despedirlos. Para jubilados y pensionados, las llamadas y las engañosas ofertas se traducen en miedo a hacer trámites y a interactuar con sistemas electrónicos que deberían simplificar la vida.
El diagnóstico que deja INEGI obliga a cambiar la estrategia pública. No basta con más patrullas; se necesitan unidades especializadas en delitos financieros y cibernéticos, mayor coordinación entre autoridades, sistemas de denuncia más accesibles y rápidos, y una fiscalía equipada para perseguir a quien organiza extorsiones desde la sombra. También es urgente una política activa de educación digital: enseñar a la gente a identificar fraudes, reclamar ante bancos y utilizar herramientas de protección.
Desde el enfoque social y de políticas públicas, la respuesta debe combinar prevención, justicia y reparación. La prevención incluye campañas claras, sin tecnicismos, que lleguen a adultos mayores y a quienes comercian en plazas y mercados. La justicia exige procedimientos más ágiles para recuperar activos y sancionar a intermediarios; la reparación pasa por mecanismos que ayuden a las víctimas a restablecer sus finanzas y su confianza.
El descenso de los robos es una buena noticia que hay que proteger, pero no puede servir de pantalla para ignorar el crecimiento de fraudes y extorsiones. El INEGI nos recuerda que la seguridad se reinventa y que las políticas públicas deben hacerlo también. Si la prioridad no cambia, el avance contra la violencia visible corre el riesgo de convertirse en triunfo parcial mientras millones pierden en silencio.