Asf recluta informantes contra el ine y ofrece reducción de sanciones
Por primera vez, la Auditoría Superior de la Federación incorpora un programa para reducir sanciones a quienes colaboren en investigaciones contra el Instituto Nacional Electoral.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha comenzado a recurrir a informantes que solicitan acogerse al Programa de Reducción de Sanciones para Informantes en Investigaciones, según documentos oficiales consultados por este periódico. El mecanismo permite que personas vinculadas a presuntas irregularidades aporten datos a cambio de una disminución en las sanciones económicas o administrativas.
En términos concretos, la medida busca desarticular redes de desviación de recursos o prácticas opacas que afectan el gasto público. Pero cuando el objetivo de las indagatorias es el Instituto Nacional Electoral (INE), la jugada plantea dudas sobre la imparcialidad y los riesgos de politización: una institución que vigila la democracia sometida a incentivos para que terceros aporten información contra ella es una imagen que puede erosionar la confianza ciudadana.
Organizaciones de la sociedad civil han insistido en que los programas de delación requieren reglas estrictas: verificación independiente de las pruebas, protección de denunciantes auténticos y garantías contra acuerdos que conviertan la fiscalización en un arma política. Transparencia Mexicana y otras agrupaciones han señalado en el pasado que la pluralidad de mecanismos de control sólo funciona si son claros y auditables.
El uso de incentivos para obtener testimonio no es en sí ilegítimo, pero necesita salvaguardas. Sin transparencia en las cláusulas de reducción de sanciones, el programa corre el riesgo de premiar versiones interesadas, generar chantaje institucional o transferir conflictos políticos a terrenos administrativos. Para la ciudadanía esto se traduce en pérdida de control sobre cómo se investiga el gasto que afecta servicios públicos, escuelas y hospitales.
La ASF, que tiene la tarea de fiscalizar el uso de recursos federales, y el INE, como árbitro electoral, deben explicar con claridad los criterios, los límites y quién supervisará la cadena de custodia de la información. Exigir rendición de cuentas no es obstaculizar la fiscalización: es protegerla para que sirva a la ciudadanía y no a intereses particulares.
Mientras tanto, políticos, organizaciones sociales y ciudadanos deberían pedir acceso público a los lineamientos del programa y a informes de seguimiento. La democracia se nutre de controles robustos, pero esos controles deben ser tan transparentes como lo que buscan corregir.