El fin del subsidio al diésel enciende alarmas sociales en Bolivia
Tras confirmar un préstamo de 1.900 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, el Gobierno anunció el fin del subsidio al diésel; sectores productivos y dirigentes advierten sobre el riesgo de protestas.
El presidente Rodrigo Paz confirmó esta semana la aprobación del préstamo del Fondo Monetario Internacional por 1.900 millones de dólares y, junto a ese anuncio, comunicó la eliminación del subsidio al diésel. El cambio, según el Ejecutivo, forma parte de un paquete de ajustes para estabilizar las cuentas públicas. El anuncio ha encendido alarmas entre transportistas, campesinos y pequeños empresarios que ya calculan impactos inmediatos en sus costos.
Armando Ortuño, exviceministro de Planificación del Gobierno de Bolivia, advirtió a este periódico que el aumento del precio del combustible «golpeará varios sectores económicos» y terminará trasladándose al precio de alimentos y servicios. Esa advertencia no es retórica: el diésel es la energía que mueve desde camiones de carga y maquinaria agrícola hasta los generadores de muchas fábricas y mercados. Subir ese insumo es, en el lenguaje cotidiano, poner más peso en la mochila de quien ya camina cuesta arriba.
En las calles hay nervios. Un conductor de minibús en El Alto, que prefirió no dar su nombre, explicó que los márgenes son estrechos y que cualquier alza del diésel obliga a aumentar pasajes o reducir la frecuencia de rutas. Una vendedora del mercado Rodríguez en Cochabamba dijo que los proveedores ya le hablan de mayores tarifas de transporte y que, al final, lo pagarán los consumidores.
Los líderes sindicales y algunas organizaciones sociales, incluidos dirigentes de la Central Obrera Boliviana, han dejado entrever que evaluarán medidas de presión si el Ejecutivo no acompaña el ajuste con mecanismos de protección social claros. La experiencia histórica de Bolivia muestra que cambios bruscos en combustibles suelen traducirse en movilizaciones masivas, y ese riesgo está sobre la mesa.
El Gobierno sostiene que la eliminación del subsidio permitirá liberar recursos fiscales para gasto social dirigido a los más vulnerables y para inversiones productivas. Esa línea es la que el Fondo Monetario Internacional suele recomendar en sus condicionantes: reducir subsidios generales y focalizar apoyos. Sin embargo, la crítica de sectores progresistas y técnicos es que ese traspaso debe ser gradual y estar acompañado de medidas transparentes: transferencias compensatorias, subsidios focalizados para pequeños productores y una mesa de diálogo con sindicatos y autoridades locales.
Economistas consultados por este diario señalan que, sin esas medidas, el ajuste corre el riesgo de ser regresivo: mientras que el Estado mejora cuentas, las familias de menores ingresos verían erosionado su poder de compra. Ortuño subrayó que la clave está en el diseño y en la comunicación: «Si la población percibe que el costo social es mayor que el beneficio fiscal, el malestar crecerá».
La tensión no solo es económica sino política. La decisión llega en un momento en que la confianza ciudadana exige claridad y participación. Un ajuste sin coberturas creíbles puede parecer una receta técnica aplicada sin tener en cuenta que detrás de cada litro de diésel hay una cadena de trabajadores, productores y comerciantes que dependen de ese insumo.
El Gobierno asegura que dará detalles en los próximos días sobre cómo mitigar efectos y garantizar apoyo a los sectores más afectados. El reto para las autoridades será demostrar que la apuesta por la estabilidad fiscal no se hace a costa del bienestar de la mayoría. Mientras tanto, Bolivia se encuentra en una coyuntura frágil donde cada anuncio puede inclinar la balanza hacia la protesta o hacia el diálogo.