Pescadores demandan a Estados Unidos tras hundimiento del pesquero La Negra Francisca Duarte II

Por Carolina Mella, desde Guayaquil.

Un grupo de pescadores ecuatorianos presentó una demanda contra el Gobierno de Estados Unidos tras asegurar que un presunto ataque con drones hundió la embarcación pesquera La Negra Francisca Duarte II, dejó varios heridos y los privó de su principal fuente de sustento. Según la demanda y las declaraciones recogidas por nuestra corresponsal, los demandantes reclaman una indemnización económica y medidas cautelares para detener operaciones militares contra embarcaciones civiles en el Pacífico y el Caribe.

Los pescadores, que exponen los hechos en el escrito judicial, relatan que el ataque ocurrió en alta mar y que la embarcación quedó inutilizada “en cuestión de minutos”, obligando a la tripulación a abandonar el barco con pérdidas de equipos, capturas y ahorros familiares. Uno de los demandantes, que pidió reserva de su identidad, describió la escena como “un golpe directo al pan de nuestras casas, como si arrancaran las redes de un tirón”.

La demanda, según fuentes del entorno legal consultadas, solicita reparación por daños materiales y morales y pide que la justicia ordene la suspensión de operaciones militares que puedan poner en riesgo a pescadores civiles. En el texto se alude a posibles violaciones del derecho internacional humanitario y de derechos humanos, y se reclama transparencia respecto a quién autorizó el ataque.

Hasta el cierre de esta edición no se registró un pronunciamiento oficial por parte de autoridades estadounidenses. Fuentes consultadas por este periódico indican que el Departamento de Defensa de Estados Unidos y la Embajada en Quito no han emitido respuesta pública sobre la acusación. El silencio oficial, para los demandantes, alimenta la sensación de desprotección frente a poderes que actúan sin control.

El caso plantea preguntas sobre la extensión y regulación de las operaciones militares con drones en zonas donde conviven actividades civiles como la pesca. Expertos en seguridad marítima consultados por este medio advierten que la falta de protocolos claros para identificar embarcaciones civiles puede convertir al mar en un escenario de riesgos para comunidades costeras que dependen de la pesca artesanal.

En el plano local, la demanda abrió un debate sobre la protección de los trabajadores del mar. Organizaciones de la sociedad civil citadas por nuestra corresponsal reclaman al Estado ecuatoriano mayor acompañamiento a las familias afectadas y presión diplomática para esclarecer responsabilidades. “No basta con lamentar; hace falta apoyo real para que estas familias vuelvan a pescar y para que se garantice que no se repita”, dijo una representante de una agrupación de pescadores.

El suceso también reaviva la discusión sobre la asimetría entre capacidades militares y la economía popular: embarcaciones artesanales frente a tecnología bélica que, según los demandantes, puede destruir no solo un barco sino el tejido económico de una comunidad. Para los pescadores, la demanda es además una forma de visibilizar esa desigualdad y exigir que las políticas de seguridad no sacrifiquen vidas ni medios de vida.

Desde Guayaquil, Carolina Mella reporta que el proceso legal apenas comienza. El tribunal que recibirá la causa y los plazos para una posible audiencia todavía se están definiendo, pero la acción judicial ya puso en el centro la voz de quienes sostienen con su trabajo la seguridad alimentaria de pueblos costeros. La demanda promete poner a prueba los mecanismos de rendición de cuentas en un tema donde confluyen seguridad, diplomacia y derechos humanos.

Con información e imágenes de: France 24