Es jueves por la mañana y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de 53 años, llega a la sala Miró de La Moncloa enfundado en un traje azul y de buen talante. Se le ve con ganas de seguir en la lucha. Ni el feroz cerco judicial ni el bloqueo parlamentario de Junts, que se acaba de conocer una hora antes, parecen haberle hecho mella. Por el contrario, en la entrevista afirmará que se vuelve a presentar a las elecciones generales de 2027 e incluso se permitirá un destello sarcástico con el libro de Juan Carlos I: “Todavía no lo he leído, pero también le diré que no va a ser uno de los que recomiende para estas Navidades, visto lo visto”.
Sánchez defiende al fiscal general: «Inocente, y más aún tras lo visto en el juicio»
En un momento de alta tensión política y judicial, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lanzado un claro mensaje de apoyo a Álvaro García Ortiz, el actual fiscal general del Estado. Sus palabras, contundentes y directas, han resonado en los pasillos de La Moncloa, reafirmando la confianza del Ejecutivo en una figura clave de la Justicia española que ha estado en el centro de varias polémicas.
Un respaldo inequívoco en medio de la tormenta
La declaración de Sánchez llega en un contexto donde el «cerco judicial» al que se refiere el propio presidente no es solo una figura retórica. El Gobierno se siente acosado por diversas causas y señalamientos, y la Fiscalía General del Estado, como parte fundamental del sistema judicial, no es ajena a esta presión. La defensa del presidente no es, por tanto, un simple formalismo, sino una declaración de principios y una muestra de fortaleza ante los embates de la oposición y de ciertos sectores judiciales.
El fiscal general, Álvaro García Ortiz, ha sido objeto de críticas recurrentes desde su nombramiento. Su gestión ha sido puesta bajo el microscopio, especialmente en lo que respecta a ciertos nombramientos dentro de la carrera fiscal. La controversia más reciente y significativa, a la que probablemente alude Sánchez al hablar de «lo visto en el juicio», es la anulación por parte del Tribunal Supremo de la designación de Dolores Delgado como fiscal de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos.
El juicio y la reinterpretación de un fallo
La frase de Sánchez, «el fiscal general es inocente, y más aún tras lo visto en el juicio«, invita a un análisis pausado. El «juicio» al que se refiere no es un proceso penal contra García Ortiz que haya concluido con una absolución. Más bien, se enmarca en la esfera de los recursos contencioso-administrativos. El Tribunal Supremo, tras un recurso interpuesto, anuló el nombramiento de Delgado argumentando una «desviación de poder» por parte de García Ortiz al proponer su candidatura para ese puesto, tras haber sido su predecesora en el cargo de fiscal general y su compañera.
Para muchos, esta sentencia del Supremo fue interpretada como un revés significativo para el fiscal general y un cuestionamiento a sus métodos de actuación. Sin embargo, el presidente Sánchez le da una vuelta de tuerca a esta lectura. Al afirmar que García Ortiz es «inocente» y que la inocencia se refuerza «tras lo visto», el presidente sugiere que el escrutinio judicial, lejos de minar la credibilidad del fiscal general, ha servido para, en su opinión, clarificar la situación y absolverle de cualquier culpa mayor. Esta interpretación implica que, aunque la forma de actuar pudo haber sido mejorada en el proceso administrativo, no existió una intencionalidad maliciosa o una falta de integridad que merezca un reproche moral o penal.
El argumento subyacente de Sánchez podría ser que la sentencia del Supremo, al centrarse en un aspecto procedimental o de «desviación de poder» en un nombramiento, no implica una condena a la persona del fiscal general ni pone en tela de juicio su honestidad o su capacidad para ejercer el cargo. Es una distinción sutil pero importante en el fragor de la batalla política.
Implicaciones políticas y de futuro
Este pronunciamiento no es casual. En un momento en que el Gobierno se enfrenta a acusaciones de injerencia en la Justicia y a un clima de polarización, el respaldo a García Ortiz es también una defensa de la autonomía del Ejecutivo para nombrar a sus cargos de confianza y una reafirmación de su postura ante lo que considera una estrategia de desgaste por parte de la oposición. Al defender a su fiscal general con tanta vehemencia, Sánchez proyecta una imagen de liderazgo firme y de cohesión en su equipo, a pesar de las adversidades.
La entrevista, que también sirvió para confirmar su intención de presentarse a las elecciones de 2027, pinta un cuadro de un Pedro Sánchez batallador, que no solo resiste la presión, sino que la utiliza para reafirmar su agenda y sus convicciones. La defensa del fiscal general se inscribe en esta misma lógica: un pulso a quienes buscan desestabilizar al Gobierno a través de sus estructuras institucionales.
En última instancia, las palabras del presidente Sánchez sobre el fiscal general abren un debate importante sobre la independencia judicial, los límites de la actuación administrativa y la interpretación política de las sentencias. Muestran a un Gobierno que, lejos de amilanarse, se atrincheran en sus posturas y defienden con ahínco a sus cuadros, marcando el camino para los desafíos que se avecinan.