Bukele gana apoyo en Haití por operativos militares, pero crecen las dudas sobre el futuro
La llegada de tropas salvadoreñas ha mejorado la percepción de seguridad en barrios golpeados por las pandillas, pero expertos advierten sobre riesgos de largo plazo y ausencia de un plan social.
PORT-AU-PRINCE — Desde octubre, unidades del Ejército salvadoreño operan en Haití con el objetivo declarado de capturar a cuatro presuntos miembros de pandillas vinculados a secuestros y crímenes transnacionales. La presencia militar ha provocado una reacción inesperada: muchos habitantes de áreas afectadas por la violencia ven en Nayib Bukele y en sus tácticas una alternativa a la inacción estatal, según reportes recogidos por La Voz y agencias internacionales como Reuters.
En barrios donde las pandillas habían impuesto toques de queda extraoficiales, comerciantes y vecinos describen una reducción inmediata de la extorsión y de los enfrentamientos a la vista pública. «Antes teníamos que pagar para abrir la tienda; ahora la gente vuelve a caminar por la calle», dijo a La Voz una vendedora en Carrefour-Feuilles que pidió anonimato por temor a represalias.
Pero la euforia es parcial. Organizaciones como Human Rights Watch y el International Crisis Group han subrayado riesgos: operaciones militares sin controles claros pueden provocar abusos, desplazamientos y revictimización. La Oficina de la ONU en Haití ha pedido que cualquier apoyo externo se combine con garantías de derechos humanos y con un plan integral de seguridad y reconstrucción del tejido social.
La contraposición es nítida: por un lado, un alivio palpable en lo inmediato; por otro, la sensación de que se trata de un parche. «La seguridad no se corrige solamente con balas o con presencia temporal de tropas», explica a La Voz un analista regional. «Si no hay reformas judiciales, reinserción, empleo y servicios básicos, la calma puede ser la antesala de una nueva crisis.»
La intervención de Bukele también levanta preguntas de soberanía y diplomacia. Gobiernos y expertos recuerdan que cualquier despliegue en territorio extranjero exige mandatos claros y coordinación multilateral para evitar tensiones con actores haitianos y con la comunidad internacional. A su vez, hay inquietud por la narrativa política: la exportación de un modelo punitivo podría normalizar soluciones autoritarias para problemas estructurales.
En la vida cotidiana, los efectos son mixtos. Padres agradecen calles menos dominadas por el miedo y escuelas reportan menor ausentismo; al mismo tiempo, familias desplazadas por operativos denunciaron a La Voz la pérdida de viviendas y la falta de asistencia humanitaria. Estos casos reforzan la insistencia de organismos internacionales: la respuesta debe combinar seguridad con protección social.
El saldo político para Bukele es evidente: gana simpatía entre sectores desesperados por orden y seguridad. Pero, como advierten fuentes citadas por Reuters y por organizaciones de derechos humanos, la popularidad por la efectividad inmediata no sustituye a un diseño de política pública sostenible. Sin inversión en empleo, educación, salud y justicia, la intervención corre el riesgo de ser un remedio temporal que deja intactas las causas de la violencia.
La Voz continuará siguiendo el desarrollo de los operativos y sus efectos en los barrios haitianos, escuchando a vecinos, autoridades y organismos independientes para ofrecer una mirada crítica y basada en datos sobre lo que implica poner militares en la primera línea de una crisis que es, sobre todo, social y económica.

