Megaobras de AMLO presionan finanzas y elevan la cuenta que paga la ciudadanía
Los grandes proyectos impulsados por el expresidente Andrés Manuel López Obrador siguen demandando subsidios y recursos extraordinarios, y hoy tensan el presupuesto del gobierno de Claudia Sheinbaum, según informes oficiales y auditorías.
Las obras emblemáticas —el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto Felipe Ángeles, entre otras— volvieron a ponerse bajo la lupa por su impacto fiscal. Según reportes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), muchos de esos proyectos requieren inyecciones presupuestarias adicionales, garantías y subsidios que no estaban previstos en los cuadros iniciales.
La lógica es conocida: una obra gigantesca puede funcionar como motor de empleo y dinamizar regiones, pero también es como un vórtice que absorbe recursos públicos. La ASF ha señalado sobrecostos y deficiencias en la contabilidad de algunas de estas obras, mientras que la SHCP ha reasignado partidas y aprobado apoyos extraordinarios para cubrir agujeros financieros en empresas públicas vinculadas a los proyectos. Estas decisiones tienen consecuencias directas en la vida cotidiana: menos margen fiscal para salud, educación e inversión social cuando crecen las erogaciones para infraestructura cuestionada.
En el caso del Tren Maya, por ejemplo, auditorías han detectado irregularidades administrativas y mayores costos de lo proyectado, según la ASF. La refinería de Dos Bocas, impulsada como apuesta por la soberanía energética, ha implicado también mayores transferencias a Petróleos Mexicanos (PEMEX), de acuerdo con informes de la SHCP. Y el Aeropuerto Felipe Ángeles, inaugurado con promesas de descongestionar la zona metropolitana, arrastra costos operativos y financieros que el Estado ha tenido que absorber.
No todo es negativo: las obras generaron empleos durante su construcción y han impulsado actividad económica local en regiones rezagadas. Sin embargo, el dilema central es político y fiscal: ¿hasta qué punto el Estado debe seguir financiando proyectos que no muestran correspondencia clara entre costo y beneficio social? Esta pregunta cobra peso cuando la administración de Claudia Sheinbaum enfrenta decisiones de gasto prioritario.
Analistas consultados por este medio coinciden en que hace falta mayor transparencia y evaluación pública independiente de grandes proyectos. La Auditoría Superior de la Federación y organismos autónomos deben tener acceso y capacidad de sanción real, y la Secretaría de Hacienda debería publicar escenarios de costo-beneficio y riesgo fiscal antes de comprometer recursos adicionales. Así lo subrayan documentos de la propia ASF y reportes macroeconómicos de la SHCP.
Para la ciudadanía, la lección es tangible: las megaobras no son neutrales. Afectan la carga impositiva, el gasto social y la capacidad del Estado para responder a emergencias. Un hospital que queda en lista de espera o una plaza docente sin recursos son consecuencias concretas de decisiones presupuestarias que favorecen grandes construcciones sobre servicios públicos esenciales.
Propuestas constructivas emergen de actores de la sociedad civil y algunos académicos: auditorías ex ante y ex post, marcos de evaluación de impacto social vinculantes, participación comunitaria real en las decisiones y mecanismos de transparencia más rigurosos. La prensa, las instituciones de control y la ciudadanía tienen un papel crucial para exigir que la ambición de una obra no devore el derecho a la salud, la educación y la seguridad de millones de mexicanas y mexicanos.
En suma, como advierte la Auditoría Superior de la Federación y confirman datos de la Secretaría de Hacienda, las megaobras del pasado siguen llamando la factura. Gobernar hoy exige combinar visión de país con disciplina fiscal y rendición de cuentas. Sin eso, el costo de las grandes apuestas lo paga, al final, la gente de a pie.
Fuente: Auditoría Superior de la Federación (ASF) y Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).