Consejeros asumen control de comisiones clave en el INE tras nombramientos
Reparto concentra decisiones sobre fiscalización y organización; ciudadanía exige transparencia
El reciente nombramiento de asesores en el Instituto Nacional Electoral ha desencadenado un nuevo reparto de poder dentro del órgano encargado de nuestras elecciones. Arturo Chávez, Blanca Cruz y Frida Gómez fueron señalados como los asesores que acompañarán a los consejeros en la conducción de comisiones que definirán reglas sobre fiscalización, organización y administración del propio INE, según el Instituto Nacional Electoral.
Para la ciudadanía esto no es un asunto técnico ajeno: las comisiones que hoy se reconfiguran deciden cómo se vigilan los recursos de los partidos, cómo se organizan las mesas y los conteos, y cómo se distribuye el presupuesto que sostiene al árbitro electoral. En otras palabras, mueven las fichas del tablero donde se juega la confianza pública.
Desde una mirada crítica pero constructiva, el nombramiento puede tener dos caras. En lo positivo, si estos asesores aportan experiencia y profesionalismo, pueden contribuir a mejorar procesos y a dar mayor certidumbre operativa. En lo negativo, concentrar influencia en un grupo reducido aumenta el riesgo de decisiones menos transparentes y de sesgos en la supervisión, algo que organizaciones civiles y actores políticos han señalado como motivo de preocupación.
El problema no es solo quiénes están dentro, sino cómo se toman las decisiones. Transparencia en agendas, actas públicas y audiencias accesibles son medidas simples que podrían reducir la desconfianza. Si el INE, como institución, quiere recuperar y fortalecer legitimidad, debe abrir ventanas, no levantar muros.
Hay señales concretas que demandan atención. La fiscalización requiere controles claros para evitar el uso indebido de recursos; la organización electoral necesita protocolos robustos para proteger el voto en cada casilla; la administración del presupuesto obliga a verificación ciudadana sobre gastos y contratos. Si estas áreas quedan sujetas a acuerdos opacos, el efecto en la vida cotidiana de la gente es directo: menos transparencia significa menos vigilancia contra fraudes y clientelismo.
La sociedad también tiene un papel: participar, exigir explicaciones y vigilar. La democracia no se resuelve con nombramientos aislados, se construye con controles sociales. El INE, por su parte, debería publicar con claridad las responsabilidades asignadas a Chávez, Cruz y Gómez, los criterios por los que fueron seleccionados y las actas de las reuniones de comisiones, conforme lo establece su propio marco normativo.
En resumen, el nuevo reparto de poder en el INE puede ser una oportunidad para fortalecer capacidades, o convertirse en una fuente de opacidad. La diferencia la marcará la transparencia, la apertura institucional y la participación ciudadana. Si el Instituto Nacional Electoral desea mantener su papel de árbitro confiable, debe actuar con más luz y menos dudas.