Ciudad obliga a emplacar scooters y bicicletas eléctricas antes de que comiencen las multas
La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI) fijó un plazo para registrar y emplacar vehículos de movilidad personal; ciudadanos y repartidores alertan sobre costos y trámites complicados.
La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI) anunció la fecha límite para que scooters y bicicletas eléctricas queden debidamente emplacadas y registradas en el padrón capitalino. El objetivo oficial, según SEMOVI, es mejorar la seguridad, facilitar la identificación de vehículos y ordenar el flujo en ciclovías y vías compartidas. A partir de la fecha señalada, se aplicarán sanciones económicas a quienes no cumplan.
La medida tiene un sentido claramente positivo: saber quién circula en la vía pública ayuda a reducir robos, a responsabilizar a conductores cuando hay incidentes y a generar datos para planear infraestructura. Sin embargo, la implementación expone fallos que conviene señalar.
Usuarios y repartidores consultados por este diario coinciden en que el trámite parte de una intención razonable pero se complica en la ejecución. Muchos reclaman que el proceso no está suficientemente difundido y que el costo del emplacamiento, sumado a papeleo y tiempos de espera, representa una carga para quienes dependen del vehículo como su herramienta de trabajo.
La política pública debe equilibrar interés público y equidad. Si la sanción llega sin facilidades reales para registrarse, las multas terminarán penalizando a las franjas más vulnerables. Por eso es clave que SEMOVI habilite canales presenciales y digitales sencillos, turnos rápidos, tarifas sociales o acuerdos con tiendas y talleres para que el emplacamiento no castigue la economía familiar.
Además, se necesitan controles claros sobre quién será multado y cómo se verificará la autenticidad de placas y registros. La transparencia en el padrón y la protección de datos personales deberán explicarse con detalle para evitar desconfianza ciudadana.
Entre los beneficios que promete el gobierno están menor impunidad en robos y mayor información para planear ciclovías. Pero el éxito dependerá de acompañar la norma con campañas informativas, puntos de registro accesibles y medidas que reduzcan el costo para repartidores y estudiantes, por ejemplo.
SEMOVI tiene en sus manos la posibilidad de convertir una regulación necesaria en una política pública justa. La autoridad debe escuchar a quienes dependen del micromovilidad y ajustar plazos, costos y logística. De lo contrario, la normativa será recordada más por las multas que por los avances en movilidad segura.
Quienes aún no hayan realizado el trámite deben informarse en los canales oficiales de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México y planearlo con tiempo para evitar sanciones. La ciudad puede ordenar su vía pública sin dejar atrás a quienes la recorren cada día.
