Funeraria bajo la lupa tras uso telefónico vinculado a uno de los 43
Desde Ciudad de México, Juan Carlos Aguirre.
A 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la investigación vuelve a abrir dudas sobre el papel de actores locales que hasta ahora permanecían en los márgenes. La Fiscalía General de la República informó que el reanálisis de registros telefónicos detectó que el dueño de una funeraria empleó el celular de uno de los estudiantes desaparecidos; horas después, ese joven apareció asesinado, según las líneas de indagación que hoy se reactivan.
La revelación no es un detalle menor: en un caso marcado por lagunas, contradicciones y teorías encontradas, el rastro digital aparece como una pieza que podría conectar lugares, personas y responsabilidades. Fuentes de la Fiscalía destacaron que la nueva pericia sobre llamadas y ubicaciones georreferenciadas aporta datos que hasta ahora no habían sido cruzados con la misma profundidad.
Para los familiares del colectivo de los 43, cada hallazgo vuelve a reabrir heridas. “Son 12 años buscando respuestas; cada dato debería acercarnos a la verdad y no alimentar más confusión”, dijo una madre durante una de las audiencias recientes, según reporte de la Fiscalía. Esa desconfianza es comprensible: papeles oficiales, testimonios contradictorios y peritajes perdidos o cuestionados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) han dejado una sensación de investigación a medias.
El caso del teléfono tomado por el propietario de la funeraria obliga a revisar no solo la cadena de custodia de evidencias sino también las redes locales de poder. En contextos donde la vida cotidiana se parece a un tablero con casillas marcadas por la impunidad, la conexión entre locales —como una funeraria— y hechos criminales no puede ser tratada como anécdota. Es una pista que exige transparencia, comparecencia pública y que se investigue hasta sus últimas consecuencias.
La Fiscalía General de la República asegura que estas nuevas líneas de investigación ampliarán los rasgos de la indagatoria. Expertos en derechos humanos, incluidos integrantes del GIEI, han pedido que todo reanálisis sea abierto a observación independiente para evitar errores del pasado. La credibilidad institucional está en juego: si el Estado quiere restituir la confianza de las familias y de la sociedad, debe mostrar los datos, explicar los métodos y permitir el escrutinio civil.
Mientras tanto, la comunidad de Ayotzinapa y la sociedad mexicana observan con mezcla de esperanza y escepticismo. Si el uso del celular por parte del dueño de la funeraria se confirma como eslabón en la cadena que llevó al asesinato de ese estudiante, la investigación tendrá que enfrentar preguntas incómodas: ¿hubo encubrimiento? ¿Participación directa o complicidad? ¿Por qué la pista no se abordó con anterioridad?
Doce años después, las respuestas no pueden ser otra vez promesas. La demanda es sencilla y poderosa: verdad, justicia y reparación. Para alcanzarlas se necesita, según familias y organizaciones citadas por la Fiscalía y por el GIEI, independencia en las pesquisas, acceso pleno a la información y protección para testigos. Sin eso, cualquier hallazgo corre el riesgo de quedarse en una nota al pie de la historia.
Desde Ciudad de México, Juan Carlos Aguirre.