La batalla por Kenscoff y lo que ganan las bandas armadas
La masacre de Kenscoff, que dejó al menos 47 fallecidos, vuelve a poner en evidencia la erosión del Estado en Haití y la urgencia de encontrar respuestas antes de las primeras elecciones en una década. En un reportaje de France 24, el analista político Eddyson Damas explicó por qué esa localidad se ha convertido en moneda de cambio entre grupos armados y qué se necesita para frenar el avance de la violencia.
Kenscoff no es solo un punto en el mapa: es una vía de acceso clave a zonas céntricas y a barrios acomodados de la capital, un corredor para alimentos y combustible y un enclave estratégico en las alturas que da control sobre rutas y comunicaciones. Controlar Kenscoff significa, para las bandas, controlar peajes ilegales, mercados y rutas de abastecimiento; significa también visibilidad política y capacidad de negociación frente a partidos, empresarios y actores internacionales.
En la práctica, lo que gana cada grupo es tangible. Primero, ingresos: los puestos de control y la extorsión a transportistas y comerciantes sostienen estructuras criminales que funcionan como pequeñas economías paralelas. Segundo, poder social: dominar un territorio permite imponer “normas” locales, seleccionar líderes comunitarios sombreados, reclutar jóvenes y marcar a la población con miedo. Tercero, ventaja política: la posesión de espacio físico se traduce en palancas para influir en procesos electorales, intimidar votantes o condicionar condiciones de seguridad en circunscripciones clave.
El resultado para la gente es devastador. Agricultores que no pueden llevar su producción al mercado, escuelas cerradas, hospitales con miedo de recibir pacientes y desplazamientos forzados que vuelven a llenar los albergues. La violencia convierte la vida cotidiana en una serie de microcrisis: comer, trabajar y estudiar pasan a depender del permiso de quien controla la carretera.
Según France 24 y las observaciones de Damas, la respuesta no puede ser solo militar. La policía nacional está debilitada por la falta de recursos, la impunidad y la desconfianza ciudadana; la presencia internacional, si es puramente bélica, corre el riesgo de reforzar narrativas de ocupación y de dejar vacíos institucionales. Por eso Damas aboga por una combinación de medidas: profesionalizar y depurar cuerpos de seguridad, reactivar la justicia con investigaciones independientes, garantizar corredores humanitarios y crear incentivos económicos que compitan con la renta criminal.
También es imprescindible apoyar a las redes comunitarias. Los comités vecinales, las organizaciones de base y la sociedad civil conocen el terreno y pueden mediar, documentar abusos y ofrecer soluciones locales si reciben formación, protección y financiación transparente. Paralelamente, la comunidad internacional debe condicionar ayuda y sanciones a avances concretos en transparencia y derechos humanos, evitando recetas militares unilaterales.
La tragedia de Kenscoff recuerda que la seguridad no es solo ausencia de disparos; es la garantía de poder vivir del trabajo propio, de enviar a un hijo a la escuela y de acudir a un hospital sin temor. Como dijo France 24 al recoger la voz de Damas, la contienda por un pequeño corredor se parece a una guerra por el alma del país: si no se atienden simultáneamente los síntomas y las raíces, el precio lo seguirá pagando la ciudadanía.