Credencial Inapam amplía descuentos en agosto: alivio real o promesa a medias
La credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) mantiene convenios permanentes que permiten reducir gastos en productos, servicios básicos, transporte, salud, educación y actividades recreativas. Pero su alcance y ejecución siguen encontrando tropiezos que afectan a quienes más lo necesitan.
El Inapam actualizó para agosto su listado de descuentos y convenios, una noticia bienvenida para millones de personas adultas mayores que intentan estirar la pensión o el ingreso familiar. Según información pública del propio Inapam, la credencial da acceso a rebajas en medicinas y consultas, transporte, descuentos en tiendas y restaurantes, y promociones culturales y recreativas. En la práctica, esos acuerdos se traducen en un respiro en la economía doméstica: desde una consulta médica más barata hasta entradas reducidas a museos o transporte interurbano con menor costo.
Para entender el impacto conviene poner un ejemplo simple: si una pensión mensual alcanza apenas para lo esencial, un descuento del 20 o 30% en medicamentos o transporte puede significar la diferencia entre llegar a fin de mes o tener que recortar comidas o tratamientos. Esa es la cara positiva que resalta el Inapam y reconocen organizaciones de defensa del consumidor como la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), que pide verificar condiciones y evitar cobros indebidos.
Sin embargo, el cuadro no es todo alivio. En una visita a mercados y unidades médicas, usuarios reportan que muchos comercios dicen aceptar la credencial pero aplican el descuento solo en productos selectos, o exigen comprar montos mínimos. «La credencial me sirve a medias: la farmacia me aplica 10% solo si compro todo el kit, y muchas veces no hay existencia», comenta María, 67 años, quien acude a la clínica pública y usa la credencial para tratar de reducir gastos.
Además, hay brechas territoriales. En grandes ciudades los convenios suelen ser más visibles; en comunidades pequeñas o municipios alejados los establecimientos no aparecen en los listados, o los adultos mayores desconocen cómo acceder a la información. El Inapam publica convenios, pero la difusión y la supervisión quedan cortas: la existencia de un convenio no garantiza su aplicación homogénea.
Otro problema es el trámite: aunque la expedición de la credencial se ha digitalizado en parte, muchos adultos mayores enfrentan barreras para obtenerla, desde la falta de transporte para acudir a módulos hasta requisitos documentales que pueden ser engorrosos. Aquí la Secretaría de Bienestar, que trabaja con Inapam en programas sociales, tiene un papel clave para facilitar la inscripción móvil y llevar servicios a comunidades más remotas.
En términos de política pública, los convenios del Inapam son una herramienta inteligente y relativamente barata para generar bienestar inmediato. No obstante, su efectividad depende de dos factores: transparencia y fiscalización. Es imprescindible que Inapam y la Secretaría de Bienestar publiquen listados actualizados, con porcentajes claros de descuento y mecanismos de queja fáciles de usar. Profeco puede y debe recibir denuncias cuando los comercios incumplen.
Desde una mirada crítica pero constructiva: celebrar los descuentos no debe cegar ante las fallas. Los ahorros son reales para quienes logran acceder a ellos, pero la política pública no puede limitarse a anunciar convenios sin asegurar su cumplimiento. Mejorar la comunicación, ofrecer brigadas móviles de credencialización y establecer sanciones a establecimientos incumplidos serían pasos concretos para que el alivio no sea solo una ilusión.
Si usted tiene la credencial Inapam, conviene confirmar en la oficina local o en la guía oficial cuáles son los comercios y porcentajes vigentes antes de comprar. Y si no la tiene, la gestión sigue siendo prioritaria: más que un papel, la tarjeta puede ser un pequeño cinturón salvavidas para el presupuesto doméstico.
Fuentes: Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), Secretaría de Bienestar y Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).