Hallan dos tomas clandestinas que ponen en jaque al ducto de Pemex
Querétaro. Dos tomas clandestinas detectadas en un tramo del ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) y el aseguramiento de autotanques con 40 mil litros de combustible en el municipio de Corregidora encendieron nuevamente las alertas sobre el robo de hidrocarburos en la entidad, informaron autoridades estatales y la propia empresa.
Según un comunicado de Pemex y reportes de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, personal especializado localizó dos conexiones ilegales en el poliducto, las cuales comprometían la integridad del ducto y representaban un riesgo inminente de derrame o explosión. En una operación coordinada, elementos de seguridad aseguraron además dos autotanques en Corregidora que transportaban en total 40 mil litros de combustible.
Los incidentes —que no dejaron lesionados— reabren el debate sobre la eficacia de las medidas estatales y federales contra el llamado huachicoleo. Pemex señaló que se adoptaron protocolos de cierre y reparación, mientras que la Fiscalía inició las indagatorias correspondientes para identificar a quienes hicieron las tomas y a la red de distribución ilegal.
Para la ciudadanía, el problema no es abstracto: las tomas clandestinas ponen en riesgo barrios y carreteras, contaminan suelos y mantos acuíferos y presionan el costo y la disponibilidad de combustibles. Vecinos de zonas cercanas a los ductos relataron temor por olores y por la presencia de vehículos sospechosos en horarios nocturnos; según fuentes de la Fiscalía, la rapidez en la detección evitó un incidente mayor.
Este fenómeno tiene raíces complejas: demanda del mercado negro, complicidades locales y vacíos en la vigilancia de la infraestructura. A pesar de las campañas y operativos de los últimos años, el robo de combustible persiste como una economía clandestina que erosiona recursos públicos. Fuentes oficiales consultadas por este diario reconocen que la inversión en monitoreo remoto, personal de vigilancia y coordinación entre municipios y Pemex sigue siendo insuficiente frente a la sofisticación de las redes ilícitas.
El caso de Querétaro subraya también la necesidad de políticas públicas con enfoque social: perseguir penalmente a quienes organizan el delito, pero también atender la vulnerabilidad económica que alimenta la cadena de complicidades. Organizaciones civiles y académicos consultados por este periódico recomiendan estrategias combinadas: mayores sanciones, auditorías a rutas de distribución, tecnología de detección y programas de alternativas económicas para comunidades afectadas.
En lo inmediato, la Fiscalía mantiene abierta la carpeta de investigación y Pemex continúa con labores de inspección y reparación. La Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que reforzará patrullajes en corredores de ductos y exhortó a la ciudadanía a denunciar movimientos sospechosos. La pregunta que queda en el aire es si esa vigilancia servirá para cortar de raíz una práctica que ya ha costado, según Pemex, millones al erario y que sigue a la caza de oportunidades donde lo público se vuelve botín.