Película sobre la captura de El Chapo deja fuera la historia real y las responsabilidades institucionales
La nueva cinta de Netflix recrea la última detención de Joaquín “El Chapo” Guzmán en Los Mochis, ocurrida en enero de 2016. El equipo de producción asegura haber buscado verosimilitud: escenas detalladas del operativo, tensión en los comandos y un relato cinematográfico que privilegia el pulso policial. Pero, como han señalado periodistas y especialistas, lo que se ve en pantalla es solo una parte de la historia. Según Netflix y entrevistas publicadas en medios como El País, el filme se apoya en testimonios de exfuncionarios y en la documentación pública para dramatizar la captura. El resultado es técnicamente contundente, pero narrativamente acotado.
En la película predominan las secuencias de acción y la logística del arresto: vigilancia, entrada en domicilios y la detención en Los Mochis. El equipo de rodaje, de acuerdo con notas oficiales, trabajó para reproducir atmósferas y procedimientos, apoyándose en asesoría de quienes conocieron la operación. Esa decisión cinematográfica funciona para enseñar el “cómo” del arresto, pero deja pocas pistas sobre el “por qué” y el contexto político que lo rodeó.
Fuentes periodísticas de investigación —entre ellas The New York Times y Proceso— han subrayado factores que casi siempre quedan fuera de las dramatizaciones: la colaboración de agencias internacionales en inteligencia, las dudas sobre filtraciones y complicidades locales, y el entramado de poderes que permitió que Guzmán hubiera escapado con anterioridad de un penal de máxima seguridad. Estas aristas aparecen mencionadas a grandes rasgos en el filme, pero no reciben el tratamiento analítico que exigen.
Además, no se exploran a fondo las consecuencias sociales: las víctimas indirectas del narcotráfico, las comunidades desplazadas, los periodistas amenazados y la normalización de la violencia. Reportajes de El País y Proceso muestran cómo las detenciones de capos suelen convertirse en episodios mediáticos que no inciden en cambios estructurales. La cinta explica el operativo pero es menos contundente sobre la responsabilidad institucional, la rendición de cuentas y las políticas públicas que han permitido la reproducción del crimen organizado.
El costo de esa omisión es doble. Primero, ofrece al público una versión “cerrada” del fenómeno: un antagonista arrojado y un aparato del Estado eficientemente que lo captura, como si con una operación puntual se resolvieran problemas crónicos. Segundo, distrae de debates indispensales: el papel de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, la cooperación bilateral en materia antidroga y la implementación de políticas de prevención y desarrollo en regiones afectadas.
Desde un ángulo crítico, la película cumple como producto de entretenimiento y puede ayudar a poner en agenda la memoria de un hecho mediático. Pero al mismo tiempo, se corre el riesgo de estetizar la violencia sin exigir reformismos. Expertos citados en reseñas periodísticas sostienen que el cine tiene la capacidad de iluminar espacios grises; cuando se limita a la reconstrucción técnica, pierde la oportunidad de cuestionar estructuras.
Para el espectador que busca contexto, las recomendaciones aparecen claras en la propia tradición del buen periodismo: leer las investigaciones de medios como The New York Times, El País y Proceso, y comparar con documentos oficiales y testimonios locales. Solo así se puede reconstruir una historia completa que no olvide a las víctimas ni a las obligaciones del Estado.
La película de Netflix provoca: entretiene, remueve y vuelve a poner a El Chapo en la sala de expectativas. Pero si lo que buscamos es aprender para que no se repita, el cine no debe ser la última palabra. La ciudadanía necesita más transparencia, investigación independiente y políticas públicas centradas en justicia social y reconstrucción comunitaria. Eso es lo que la pantalla, por sí sola, no alcanza a mostrar.