Harfuch despliega mandos federales a Sinaloa para revisar operativos contra el crimen
El secretario dijo que los funcionarios revisarán operativos contra el crimen en la entidad del norte.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció el envío de mandos del Gabinete de Seguridad a Sinaloa para supervisar y revisar los operativos que se realizan contra la delincuencia organizada. La declaración, difundida por la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), plantea un refuerzo técnico y de coordinación que llega en un estado marcado por la violencia y la incertidumbre.
Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Sinaloa figura entre las entidades con índices elevados de homicidio y delitos que afectan la vida cotidiana: extorsión, narcomenudeo y robo. Para los vecinos de Culiacán, Los Mochis y otras ciudades, la presencia de mandos federales puede ser tanto una promesa de mayor seguridad como una fuente de preocupación por el posible aumento de operativos nocturnos y de controles que alteren la normalidad.
La medida tiene sentido técnico: revisar tácticas, intercambiar información y corregir fallas operativas debe ser parte de una respuesta seria. Sin embargo, la experiencia demuestra que las intervenciones centradas solo en el uso de la fuerza tienden a ser parches. Es como tapar una fuga con cinta adhesiva: si no se atienden las causas —impunidad, economías ilegales, desatención social—, la violencia sigue filtrándose por otro lado.
Desde un enfoque crítico y constructivo, la llegada de mandos federales exige transparencia. Ciudadanos y organismos de derechos humanos deben conocer objetivos claros, indicadores para medir resultados y protocolos para evitar violaciones a derechos humanos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y organizaciones civiles han pedido en varias ocasiones que cualquier despliegue incluya supervisión externa y mecanismos de rendición de cuentas.
Además, la coordinación entre la federación y el gobierno del estado es clave. El gobernador Rubén Rocha ha enfrentado retos en seguridad y salud pública; sin una estrategia que combine presencia policial con prevención social —empleo, educación y acceso a servicios— las operaciones pueden limitarse a desplazar la violencia. Es necesario que la revisión del Gabinete de Seguridad incorpore a las autoridades estatales y municipales, así como a actores sociales.
García Harfuch, en su reporte, afirmó que los mandos evaluarán «operativos y tácticas» para mejorar resultados. Esa evaluación debe traducirse en acciones concretas: depuración de cuerpos policiales locales, capacitación con respeto a derechos humanos, y prioridades orientadas a proteger a la población civil. Si no, la percepción de seguridad seguirá siendo frágil y muchos pagos cotidianos —ir a la escuela, abrir un negocio, volver a casa— continuarán condicionados por el miedo.
La sociedad sinaloense merece información clara sobre qué se revisará, quiénes participarán y en qué plazo habrá resultados medibles. El reto no es solo mandar más uniformes, sino construir confianza. Como recuerda la evidencia reunida por el SESNSP y analistas independientes, la disminución sostenida de la violencia requiere políticas integrales, no solo operaciones tácticas.
Para los lectores: vigilen los anuncios oficiales de la SSPC y las próximas ruedas de prensa de Gobierno del Estado. Exijan datos, cifras y rutas de acción. La seguridad pública no puede ser un secreto de mesa; debe ser una política con cuentas claras y beneficios visibles para la gente.
Fuente: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.