Diez años del acuerdo: 521 asesinados y 36% del país en manos de grupos armados
Balance de la Defensoría del Pueblo revela avances limitados y una paz que no llega a grandes territorios rurales
La Defensoría del Pueblo publicó este miércoles 11 de noviembre su balance sobre la implementación de los acuerdos firmados entre el Gobierno y la extinta guerrilla de las FARC. El informe pone cifras frías sobre una realidad caliente: en diez años fueron asesinados 521 exintegrantes firmantes del acuerdo y 1.743 defensores de derechos humanos, mientras que, según la misma entidad, alrededor del 36% del territorio nacional está amenazado por la acción de grupos armados ilegales.
Esos números no son estadísticas abstractas, son pueblos con puestos de salud cerrados, cultivos abandonados y familias que deciden migrar porque el Estado no logra garantizar seguridad ni presencia efectiva. La Defensoría del Pueblo reconoce algunos avances —reincorporación de excombatientes, proyectos productivos—, pero advierte un contexto de violencia «muy desafiante» que mantiene vacíos de poder donde florecen economías ilegales.
La foto que deja la década es de una paz a medias: mientras se firmaban compromisos en Bogotá, en muchas regiones la sustitución de la violencia guerrillera por nuevos actores armados dejó un mapa del país con más sombras que luces. La impunidad, la debilidad institucional y la lentitud en la restitución de tierras y la inversión social explican por qué el proceso no ha protegido a los más expuestos.
El reto es claro y urgente. La Defensoría del Pueblo llama a reforzar la presencia estatal, acelerar la implementación de medidas de seguridad colectiva y garantizar mecanismos reales de protección para defensores y excombatientes. Para que la paz no sea solo un papel firmado, se necesita que llegue a la vida cotidiana: salud, educación, vías y justicia para quienes permanecen en las zonas más golpeadas.
La discusión pública debe pasar de la nostalgia del acuerdo al debate sobre políticas concretas que transformen esos territorios. Si la paz fue una siembra, falta regarla con acción estatal, coordinación y control social. La Defensoría del Pueblo deja la alarma: sin cambios profundos, la firma no habrá bastado para detener la cuenta regresiva de muertes y el avance de grupos armados.