Sheinbaum propone nacionalidad única para presidentes y gobernadores
La mandataria prepara una iniciativa para exigir que quien aspire a la Presidencia o a una gubernatura tenga sólo la nacionalidad mexicana, una medida que, según reportes de Reuters y El País, busca reducir la posibilidad de injerencia extranjera, particularmente desde Estados Unidos. La propuesta abrirá un debate intenso sobre soberanía, derechos de migrantes y los límites de la identidad política.
En términos prácticos, la reforma implicaría una modificación constitucional. Según la Constitución mexicana, cualquier cambio de esa naturaleza requeriría mayoría calificada en el Congreso y la aprobación de la mayoría de las legislaturas estatales, un trámite largo y con alto costo político. Fuentes consultadas por La Jornada señalan que el equipo de la Presidencia argumenta que la medida es una respuesta a presiones externas y un intento de proteger decisiones de Estado frente a redes de influencia.
Para miles de familias binacionales, sobre todo en estados con alta migración a Estados Unidos, la iniciativa suena alarmante. La doble nacionalidad es una realidad social y económica: millones trabajan y aportan en ambos lados de la frontera, envían remesas y mantienen vínculos culturales. Quitar la posibilidad de que una persona con doble ciudadanía aspire a gobernar es, en la práctica, excluir a una porción importante de la sociedad política.
Desde la óptica pública, hay dos lecturas. Quienes apoyan la medida la presentan como un candado institucional contra la interferencia extranjera, un mecanismo para blindar decisiones soberanas. Quienes la cuestionan la ven como una trampa que puede limitar la competencia política, sembrar sospechas sobre millones de mexicanos y estigmatizar a comunidades migrantes. El País ha documentado ya reacciones encontradas entre académicos y organizaciones civiles.
Además de la dimensión social, la reforma enfrenta riesgos jurídicos. Expertos constitucionalistas han advertido, según reportes, que una restricción genérica a la doble nacionalidad podría chocar con tratados internacionales y con garantías fundamentales sobre igualdad y no discriminación. En la práctica, podría dar pie a impugnaciones ante la Suprema Corte y a litigios prolongados.
Si el objetivo es proteger la soberanía, el debate requiere más claridad: ¿a quiénes se pretende afectar exactamente, cuáles serían los mecanismos de verificación y qué alternativas existen para prevenir injerencias sin castigar a la población binacional? La discusión no es solo técnica, es cotidiana: toca decisiones sobre quién puede representar a comunidades que viven entre dos países.
La iniciativa de Sheinbaum, relatada por Reuters y comentada por La Jornada, obliga a poner sobre la mesa una conversación amplia y transparente, con voces de migrantes, partidos, juristas y sociedad civil. Es una oportunidad para fortalecer instituciones sin convertir la política en un juego de exclusiones.