Plantean facultar al ejército para filtrar inversión extranjera; iniciativa pasa al Senado
El proyecto que propone asignar a las Fuerzas Armadas facultades para revisar y regular la inversión extranjera directa fue turnado a comisiones del Senado de la República, según el propio documento que se presentó en la Cámara alta. La iniciativa busca crear mecanismos de control con argumentos de seguridad nacional, pero despierta advertencias sobre la seguridad jurídica y la transparencia.
En términos prácticos, la propuesta permitiría a personal militar evaluar y autorizar proyectos extranjeros en sectores considerados estratégicos. Sus impulsores sostienen que se trata de proteger infraestructura crítica y evitar compras hostiles que pongan en riesgo la soberanía. Para muchos ciudadanos, eso suena a un cortafuegos necesario; para otros, a darle al Ejército la llave de la economía.
Las voces de la sociedad civil, economistas y cámaras empresariales han señalado riesgos claros: menos confianza para inversionistas, mayor opacidad en decisiones económicas y la posibilidad de que criterios de seguridad sustituya a análisis técnicos y económicos. México recibe flujos de inversión que sostienen empleos y cadenas productivas, por lo que cambiar las reglas del juego puede tener efectos en la creación de trabajo y en el costo de servicios y bienes, especialmente en regiones dependientes de proyectos foráneos.
También hay preocupaciones sobre derechos y controles democráticos. Expertos en asuntos civiles advierten que dar facultades regulatorias al Ejército sin marcos de rendición de cuentas robustos puede abrir la puerta a abusos y a decisiones discrecionales, en un terreno donde la transparencia es esencial para evitar corrupción.
El Senado de la República será el foro donde se discutirán las comisiones correspondientes. Ahí se espera que lleguen posturas encontradas: quienes priorizan la seguridad nacional frente a amenazas externas y quienes exigen salvaguardas para proteger la inversión, la competencia y los derechos ciudadanos.
La discusión no es técnica ni ajena a la vida cotidiana. Si la medida avanza sin límites claros, podría frenar proyectos que generan empleos locales o encarecer servicios importados; si se regula con criterios transparentes y con supervisión civil, podría ser un instrumento legítimo de protección. La clave estará en los detalles que se definen en comisiones y en el diálogo público que exijan organizaciones sociales, cámaras y ciudadanía.
Fuente: Senado de la República