Washington sancionó a integrantes del Cártel de Sinaloa y señaló a políticos y funcionarios mexicanos, ampliando el alcance de sus acciones sobre asuntos internos del país.
El gobierno de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra integrantes y operadores vinculados con el Cártel de Sinaloa, en una acción que esta vez alcanza también a personajes relacionados con la política y las instituciones mexicanas.
De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, las medidas incluyen a Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, así como a una red de personas y empresas que Washington identifica como facilitadores financieros y políticos de la organización criminal.
Entre los señalados aparece Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, a quien las autoridades estadounidenses atribuyen haber utilizado sus vínculos políticos para favorecer los intereses del Cártel de Sinaloa.
También fueron incluidos Luis Alfonso Torres Torres y Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública Municipal de Mexicali. Según el gobierno estadounidense, existiría una estructura de corrupción que habría permitido al grupo criminal ejercer influencia sobre autoridades locales.
Las acusaciones corresponden a determinaciones de las autoridades estadounidenses y no equivalen, por sí mismas, a sentencias de tribunales mexicanos.
El anuncio, sin embargo, vuelve a colocar sobre la mesa un asunto particularmente sensible en la relación bilateral.
Estados Unidos ya no limita su estrategia a perseguir dentro de su territorio el tráfico de drogas o el lavado de dinero. Washington está identificando directamente a funcionarios, empresarios y actores políticos mexicanos que considera vinculados con organizaciones criminales y aplicando sanciones con importantes consecuencias financieras.
El propio Departamento del Tesoro de Estados Unidos advirtió que ningún capo, funcionario mexicano corrupto o facilitador financiero está fuera del alcance de sus autoridades.
La ofensiva supone un nuevo nivel de presión estadounidense sobre México y abre nuevamente el debate sobre dónde termina la cooperación contra el narcotráfico y dónde comienza la intervención de Washington en asuntos que corresponden a las instituciones mexicanas.