De la Espriella pone fin a los diálogos y pone en jaque la ‘Paz Total’ de Petro
El anuncio presidencial del 29 de agosto marcó un punto de inflexión en la estrategia de paz del país: Abelardo de la Espriella confirmó el fin de las conversaciones con varios grupos armados ilegales, argumentando —según la Presidencia— una ausencia de voluntad real de abandonar la violencia. La medida representa un revés directo al ambicioso plan de «Paz Total» impulsado por el gobierno de Gustavo Petro, que buscaba negociaciones simultáneas y soluciones integrales para superar décadas de conflicto.
La decisión tiene efectos inmediatos y de largo plazo. En lo inmediato, despierta inquietud en las regiones rurales donde las mesas de diálogo mantenían, aunque frágiles, corredores humanitarios, acuerdos de no agresión y una pausa relativa en los enfrentamientos. Para comunidades campesinas y víctimas, el fin de los diálogos implica riesgo de nuevas oleadas de desplazamiento y de recrudecimiento de la violencia local. En términos institucionales, complica la articulación entre políticas de seguridad, desarrollo rural y justicia transicional.
El impacto económico también es tangible: la inversión en programas de reemplazo de cultivos, infraestructura y acceso a servicios —prometida como incentivo para la reincorporación— queda en suspenso o se reorienta hacia gasto militar y operativo. Eso abre el debate sobre prioridades presupuestales y sobre si la gestión estatal prefiere la presión armada a la oferta de alternativas sociales.
Para entender mejor las consecuencias, hablamos con Jorge Mantilla, politólogo y doctor en Criminología, Derecho y Justicia. Mantilla advierte que el cierre de las negociaciones no es solo un problema de estrategia bélica, sino de confianza institucional: «Cuando se rompe el canal de diálogo sin una ruta clara de conflicto alterna, la probabilidad de retorno a la violencia aumenta. Además, se desperdician incentivos que podrían convertir a combatientes en actores civiles productivos».
Mantilla subraya otro punto crucial: la legitimidad. «Los procesos de paz requieren garantías creíbles para las comunidades y los actores armados. Si el Estado suspendió la mesa por falta de voluntad ajena, debe demostrar con hechos que tiene una oferta seria de transformación social, no solo medidas punitivas».
En la arena política, el movimiento afecta la narrativa pública. Para la izquierda y sectores progresistas que respaldaban la «Paz Total», el fracaso de los diálogos obliga a una autocrítica y a revisar métodos. Para sectores conservadores, el cierre se presenta como una prueba de que la negociación sin resultados es ineficaz. En medio de esa tensión, las voces de las víctimas y las comunidades rurales suelen quedar al margen del debate nacional.
Desde un enfoque de políticas públicas, el reto es doble: diseñar instrumentos de seguridad que protejan a la ciudadanía sin convertir la respuesta en una carrera armamentista, y reconstruir canales confiables de negociación que integren justicia, verdad y reparación. La Academia y organizaciones de la sociedad civil, según Mantilla, deben participar activamente para evitar que la política reaparezca únicamente como espectáculo electoral.
La Presidencia, por su parte, defendió la ruptura como una decisión necesaria para no legitimar a actores que, en su criterio, no estaban dispuestos a desarmarse. Queda por ver si esa posición se traduce en una estrategia coherente que combine firmeza con políticas de desarrollo rural, salud, educación y participación ciudadana, esenciales para que la paz deje de ser un eslogan y se convierta en una realidad palpable en los territorios.
En resumidas cuentas, la paralización de las conversaciones reaviva preguntas básicas: ¿cómo se protege a la población mientras se negocia? ¿Cómo se sostienen procesos que demandan tiempo en un clima político polarizado? y, sobre todo, ¿qué papel tendrán las víctimas en la ruta que viene? La respuesta determinará si el país vuelve a un ciclo de confrontación o encuentra, con mayor claridad, caminos efectivos hacia la paz.
Fuente: declaraciones de la Presidencia y análisis con Jorge Mantilla, politólogo y doctor en Criminología, Derecho y Justicia.