Ernesto Cordero Arroyo y Diódoro Carrasco Altamirano vuelven al centro de la polémica en Chihuahua: después de que una investigación periodística exhibiera pagos por más de 77 millones de pesos relacionados con asesorías financieras, el gobierno de Maru Campos clasificó como reservada la información sobre los contratos posteriores. El caso fue retomado además por el senador Javier Corral en sus redes sociales.
Chihuahua.— Dos exsecretarios de Estado y más de 77 millones de pesos en pagos por “asesoría financiera” están detrás de información que el gobierno de María Eugenia Campos Galván decidió mantener fuera del escrutinio público.
De acuerdo con una investigación publicada este 11 de agosto por ZonaFree, el gobierno de Chihuahua clasificó como reservada la información relacionada con contratos otorgados a Ernesto Cordero Arroyo, así como la correspondiente a pagos que el medio atribuye a Diódoro Carrasco Altamirano mediante un operador.
El medio sostiene que entre ambos casos se acumularon más de 77 millones de pesos hasta diciembre de 2024, antes de que la administración estatal dejara de entregar la documentación posterior solicitada por la vía de transparencia.
La publicación fue retomada este martes por el senador Javier Corral Jurado en sus redes sociales, llevando nuevamente al debate público los contratos y la decisión de reservar información relacionada con ellos.
Ernesto Cordero: $37 millones
Según la investigación de ZonaFree, Ernesto Cordero habría recibido 37 millones de pesos mediante la firma Pondera Lab S.C., por servicios identificados como “asesoría financiera” para el gobierno estatal.
Cordero es uno de los personajes más conocidos del círculo político del expresidente Felipe Calderón. Fue secretario de Desarrollo Social y posteriormente secretario de Hacienda y Crédito Público.
Pero su participación como asesor financiero del gobierno de Chihuahua adquiere otra dimensión frente al comportamiento de las finanzas estatales.
ZonaFree señala que la deuda pública de Chihuahua se encuentra cerca de los 64 mil millones de pesos, pese a los recursos destinados a este tipo de asesorías financieras.
La cifra abre una pregunta inevitable sobre los resultados concretos de los servicios contratados y el beneficio obtenido por el estado a cambio de los millones de pesos desembolsados.
Diódoro Carrasco: otros $40 millones
El segundo personaje señalado por la investigación es Diódoro Carrasco Altamirano, exsecretario de Gobernación durante el gobierno de Ernesto Zedillo.
En este caso, ZonaFree afirma que Carrasco habría cobrado al erario estatal alrededor de 40 millones de pesos a través de un operador y de la firma Yield Consulting S.C.
El propio medio caracteriza a la persona utilizada para estas operaciones como operador y “prestanombre” de Carrasco. Se trata de un señalamiento atribuido expresamente a la investigación de ZonaFree.
Los pagos documentados por el medio abarcan el periodo comprendido entre septiembre de 2021 y diciembre de 2024.
Así, las cantidades atribuidas a ambos esquemas alcanzan aproximadamente 77 millones de pesos de recursos públicos: 37 millones relacionados con Cordero y Pondera Lab y 40 millones vinculados por ZonaFree con Carrasco y Yield Consulting.
¿Y qué hizo el gobierno? Reservó la información
Cuando ZonaFree intentó conocer qué ocurrió posteriormente con estos contratos se encontró con una barrera: la información fue clasificada como reservada.
El medio relata que durante dos años presentó distintas solicitudes de transparencia para obtener copias de los contratos relacionados con Pondera Lab y Yield Consulting.
La Secretaría de Hacienda estatal no entregó la documentación y, según la investigación, la falta de respuesta derivó en recursos de revisión ante el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública.
El caso llegó al punto de que el órgano garante determinó aplicar una amonestación pública a Humberto González Aguirre, responsable de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Hacienda, por no proporcionar la información solicitada, de acuerdo con lo documentado por ZonaFree.
Posteriormente llegó la respuesta oficial: el Comité de Transparencia determinó clasificar la documentación como información reservada.
La argumentación de Hacienda es que esos documentos contienen análisis, recomendaciones, escenarios y estrategias financieras que todavía podrían formar parte de procesos de deliberación gubernamental y cuya difusión podría generar presión externa sobre las decisiones de las autoridades.
De los contratos públicos a la opacidad
La secuencia resulta relevante.
Primero aparecieron contratos millonarios por asesorías financieras. Después se conocieron los nombres de personajes de peso nacional relacionados con las empresas y servicios contratados.
Y ahora, cuando se busca conocer cuánto se siguió pagando, cuáles fueron los resultados de esas asesorías y si continúan vigentes, la información permanece reservada.
La investigación de ZonaFree cuestiona que documentos relacionados con el ejercicio de recursos públicos hayan quedado fuera del alcance ciudadano.
Corral lleva el caso a sus redes
La investigación tuvo además eco político este martes, cuando el senador Javier Corral, antecesor de Maru Campos en el gobierno de Chihuahua, retomó en sus redes sociales la información publicada por ZonaFree.
La intervención de Corral coloca nuevamente bajo los reflectores una relación que reúne tres elementos políticamente sensibles: contratos millonarios, personajes de alto perfil y reserva de información pública.
La pregunta ya no es únicamente cuánto dinero público fue destinado a las asesorías relacionadas con Cordero y a las operaciones que ZonaFree vincula con Carrasco.
La pregunta es qué servicios continuaron prestando, cuánto dinero público se destinó después de 2024, cuáles fueron los resultados obtenidos y por qué los ciudadanos ya no pueden conocer esos contratos.
Mientras esas respuestas permanezcan bajo reserva, los 77 millones de pesos documentados hasta 2024 seguirán poniendo bajo la lupa a Ernesto Cordero y Diódoro Carrasco, pero también al gobierno de Maru Campos, que decidió cerrar el acceso a la información que permitiría conocer qué ocurrió después.
Fuente y fotografía: ZonaFree, investigación publicada el 11 de agosto de 2026.