Narco manda en regiones; sedena planea un megamuseo de 1,658 mdp
En un país donde bandas del crimen organizado reclaman calles y municipios, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) propone invertir 1,658 millones de pesos en la construcción de un megamuseo. La paradoja no pasa desapercibida: mientras las cifras de violencia siguen altas —según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)—, el Ejército concentra esfuerzos y recursos en un proyecto cultural de gran envergadura que ya genera preguntas sobre prioridades y transparencia.
El proyecto, presentado por Sedena en documentos oficiales consultados por este medio, plantea un espacio museístico con áreas de exposición, centros culturales y posibles instalaciones abiertas al público. En la narrativa institucional se promociona la idea de dignificar espacios históricos y promover la cultura, una meta legítima. Sin embargo, organizaciones civiles y expertos en seguridad han señalado, en reportes de La Jornada y El Universal, la falta de rendición clara sobre costos, ubicación exacta y calendario de obra.
La duda pública es sencilla: ¿por qué destinar más de mil seiscientos millones cuando en muchos municipios la gente pide seguridad, salud y educación? Comerciantes de zonas golpeadas por la violencia, consultados por este periódico, describen la sensación de abandono. «Invertir en cultura está bien, pero primero que nos garanticen caminar seguros», dice una comerciante del Bajío que prefirió no dar su nombre.
Los defensores del proyecto argumentan que la presencia del Ejército en iniciativas civiles puede fortalecer la recuperación de espacios y ofrecer alternativa cultural a comunidades afectadas por la violencia. En teoría, un museo puede ser semilla de turismo y empleo. En la práctica, advierten investigadores citados en reportajes de Reforma y Animal Político, proyectos de gran presupuesto sin participación ciudadana ni estudios de impacto social y ambiental terminan reproduciendo despilfarro y opacidad.
Hay otra arista: la militarización de la vida pública. Desde 2019 la Sedena ha asumido roles que tradicionalmente correspondían a autoridades civiles. El megamuseo abre el debate sobre hasta dónde debe llegar la intervención militar en proyectos civiles y económicos, y qué pesos y contrapesos existen para supervisar su gasto. Transparencia, control parlamentario y auditorías independientes aparecen como condiciones indispensables para que la inversión no termine siendo mera exhibición.
La inversión anunciada no solo compite con rubros sociales; también compite por la confianza ciudadana. Si el gobierno quiere que la cultura sea puente para la paz, deberá demostrar que las obras van acompañadas de políticas públicas que reduzcan homicidios, fortalezcan la justicia y atiendan las causas económicas que alimentan al crimen. El reto es convertir un espacio simbólico en una herramienta real de reconstrucción social, y para eso hacen falta datos claros, participación comunitaria y prioridades alineadas con las necesidades cotidianas de la gente.
La Sedena y autoridades federales deberán explicar públicamente el destino exacto del presupuesto, los mecanismos de contratación y los impactos previstos. Mientras tanto, en municipios donde narcos marcan la ley del día a día, muchos vecinos esperan respuestas más inmediatas que una fachada monumental.