Diputados discuten reforma a Ley Federal de Derechos: bajan cuotas y suben otras tarifas
Con información de la Cámara de Diputados —en un comunicado oficial—, la bancada legislativa discutió este martes un dictamen que modifica la Ley Federal de Derechos y que, en la práctica, baja algunas cuotas mientras incrementa otras. La discusión dejó claro que detrás de tecnicismos hay ganadores y perdedores —y efectos directos en el bolsillo y en servicios esenciales.
El punto central del debate fue explicar qué se cobra y a quién. Para Morena, representado por el diputado Luis Humberto Fernández Fuentes, la reforma tiene beneficios concretos: 53 museos, monumentos y zonas arqueológicas quedarían con entrada gratuita; la telefonía móvil tendría una rebaja del 12% en el cobro por uso del espectro y las bandas de 600 y 700 MHz tendrían sus cuotas congeladas en 2027 para ampliar la cobertura. Además, quien lleve señal a zonas prioritarias obtendría exención total del derecho sobre el espectro. También se agrupan tres certificados agroalimentarios en una sola cuota, unifican el precio de algunas visas consulares y eliminan cobros de agua que, dicen, no tenían sustento legal. “Paga quien usa y aporta más quien más aprovecha”, resumió Fernández Fuentes, para distinguir estos derechos de un impuesto.
Desde el PAN, la lectura fue opuesta y más cercana a la preocupación ciudadana: el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández aseguró que no se trata de ajustes menores sino de aumentos “descarados y desproporcionados”. Puso ejemplos que podrían encender alarmas: licencias sanitarias para servicios de transfusión sanguínea pasarían de 1,482 pesos a 17,349; la autorización de protocolos de investigación de medicamentos o dispositivos médicos subiría de 8,195 pesos a 43,209; la licencia para fuentes de radiación se duplicaría; el uso del espacio aéreo aumentaría 10% y las visas, hasta 66% en algunos casos. Su planteamiento es simple: esos costos se trasladan a los usuarios y a las familias, especialmente en salud y turismo.
El Partido Verde calificó la reforma como una oportunidad para modernizar y fortalecer al Estado. El diputado Mario Alberto López Hernández dijo que parte de los recursos se destinarían a fortalecimiento tecnológico y a seguridad fronteriza, y que la medida busca una contribución más “eficiente, equitativa y acorde” con las necesidades actuales.
El PT, por su parte, defendió la idea de que cobrar por el uso de bienes nacionales es una forma de soberanía. Luis Armando Díaz argumentó que la reforma obliga a que “los bienes de la nación trabajen para la nación”: pagará más quien más aproveche el espectro, las vías férreas, el espacio aéreo o las aguas nacionales, y se protegerá a quienes menos tienen.
En el fondo hay otra discusión económica: ¿sirven estos cambios para equilibrar las cuentas públicas? El diputado Yerico Abramo Masso advirtió que el Paquete de Ingresos llega con “gran estrés financiero” y que el Paquete de Egresos deberá sostenerse con 1.7 billones de pesos, un contexto que obliga a buscar ingresos pero también obliga a medir el impacto social.
¿Qué significa esto para la gente? En la práctica, algunas medidas alivian el acceso cultural y la conectividad en zonas marginadas; otras encarecen trámites sanitarios, migratorios o regulatorios que afectan a empresas, clínicas y proyectos de investigación, y que al final pueden reflejarse en servicios más caros para el público. Si usted viaja al extranjero, tramita una visa, trabaja en exportación agroalimentaria o depende de servicios médicos regulados, hay cambios que pueden traducirse en trámites más caros. Si vive en una zona remota, puede beneficiarse de mayor conectividad gratis o más barata.
La reforma, según los distintos grupos, es una mezcla: ajustes propuestos como modernización y redistribución de cargas versus aumentos que críticos ven como traslados de costos a consumidores y pequeños proveedores. La Cámara seguirá debatiendo el dictamen, y la decisión final marcará qué tanto pesan las preocupaciones sociales frente a la necesidad de ingresos para el Estado.
La información proviene de un comunicado oficial de la Cámara de Diputados.