Crisis financiera pone en jaque al gobierno: piden destituir a Peña tras cierre de Ueno Bank
Asunción. La Cámara de Diputados abrió este jueves una sesión extraordinaria para debatir una propuesta de juicio político contra el presidente Santiago Peña, después de la intervención y cierre de Ueno Bank, entidad que medios locales y opositores han vinculado al mandatario. La decisión dejó en vilo a 2,94 millones de clientes, entre ellos varias instituciones del Estado, según informaron la Cámara de Diputados y medios como ABC Color y Última Hora.
El golpe no es solo económico: es político y social. Para casi tres millones de personas y organizaciones, el cierre significa incertidumbre sobre ahorros, pagos y operaciones cotidianas. Para la ciudadanía, la escena se parece a una casa con los cimientos agrietados: aunque los muros sigan en pie, nadie confía en volver a acostarse tranquilo.
Diputados opositores argumentan que existen indicios de conflicto de interés y falta de transparencia en la relación entre el Gobierno y la entidad intervenida, y por eso impulsaron el juicio político como mecanismo de control. Desde el oficialismo niegan responsabilidades directas, pero la presión mediática y la movilización política empujan la conversación hacia la rendición de cuentas.
Los especialistas consultados por estos diarios señalan que el cierre de un banco con millones de clientes obliga a las autoridades regulatorias a actuar con rapidez y con medidas claras para proteger a los depositantes y garantizar la continuidad de servicios básicos. La pregunta central para la población es sencilla: ¿quién responde si los ahorros se congelan o si servicios públicos vinculados a cuentas quedan paralizados?
En el plano institucional, la Cámara de Diputados deberá decidir si admite formalmente la acusación y habilita el proceso que podría culminar en un juicio político en el Senado. En el terreno económico, analistas advierten sobre el riesgo de contagio: la confianza en el sistema financiero es frágil y una crisis prolongada puede encarecer el crédito, reducir inversiones y afectar empleos.
Frente a este panorama, organizaciones sociales y sectores vulnerables exigen medidas concretas para proteger a jubilados, trabajadores y pequeñas empresas que dependen de servicios bancarios básicos. También reclaman transparencia: auditorías públicas, acceso a la información sobre operaciones vinculadas y sanciones si se comprueba la existencia de irregularidades.
La situación obliga a combinar sanción política con respuestas técnicas. El país necesita respuestas claras sobre la intervención, garantías para los clientes y reformas que devuelvan confianza. Si no, el daño será doble: el económico, que muchos sentirán en el bolsillo, y el político, que corroerá la poca fe que la ciudadanía tiene en sus instituciones.
Esta crónica se apoya en los reportes y comunicados de la Cámara de Diputados y en la cobertura de medios locales como ABC Color y Última Hora, que han seguido de cerca los desarrollos del caso.