Diputados aprueban leyes para impulsar pagos digitales y reforzar catastro; van al Senado
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles tres dictámenes que buscan empujar la digitalización de los pagos, modernizar los catastros y endurecer controles aduaneros. La información proviene de un comunicado oficial de la Cámara de Diputados y los expedientes ya fueron remitidos al Senado.
Con mayoría cómoda, los diputados dieron luz verde a la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos. La votación cerró en 327 a favor, 122 en contra y cero abstenciones. La norma pretende promover el uso de medios de pago electrónicos como códigos QR, NFC, tarjetas y transferencias, y crea figuras como el Expediente Digital Ciudadano para facilitar trámites en línea.
Una novedad concreta: la CURP Digital se reconoce como mecanismo válido de identificación para contratar servicios financieros por vías digitales, aunque el usuario podrá optar por cualquier otra identificación oficial. La ley también contempla que, ante contingencias que impidan recibir pagos electrónicos, seguirá permitiéndose el pago en efectivo o cheque. Además, la Secretaría de Hacienda podrá declarar sectores en los que solo se acepten pagos digitales.
En la práctica esto significa que comercios y prestadores de servicios podrían enfrentarse a una transición acelerada: más lectores de código, integración de plataformas y, en algunos rubros, la posible eliminación del efectivo como opción de pago. Para muchos consumidores, la promesa es comodidad y registros más claros; para pequeños comercios, implica inversión en dispositivos y adaptar procesos.
En materia catastral, la Cámara aprobó la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral con 324 votos a favor, 107 en contra y una abstención. La ley busca homologar criterios y sistemas entre Federación, estados y municipios para modernizar catastros y registros públicos de la propiedad.
Entre los elementos centrales está la creación de la Clave Única Catastral, que identificará predios o unidades inmobiliarias, y la construcción de soluciones tecnológicas: una Plataforma Nacional Catastral y una Plataforma Nacional de Registros Públicos de la Propiedad. Estas herramientas pretenden que la información territorial y predial sea interoperable y estándar entre jurisdicciones.
En términos ciudadanos, la idea es reducir trámites, mejorar la certeza jurídica sobre la propiedad y facilitar el cobro y fiscalización de impuestos prediales. Pero la implementación implica coordinación técnica entre niveles de gobierno y costos iniciales: la ventaja será mayor transparencia; el reto, que municipios con escasos recursos no se queden rezagados.
El tercer dictamen reforma la Ley Aduanera. Aprobado en lo general y en lo particular con votos mayoritarios, busca reforzar controles contra la subvaluación de mercancías y dar mayores facultades de comprobación a las autoridades aduaneras sin crear nuevos impuestos.
La reforma establece que si el valor declarado de una mercancía es inferior al valor de transacción de bienes idénticos o similares, la autoridad podrá iniciar, de oficio, acciones de comprobación. La medida persigue proteger el interés fiscal y evitar prácticas que erosionan la recaudación.
Para empresas importadoras significa un escrutinio más estricto y la necesidad de documentación más robusta sobre precios y transacciones. Para el resto de la población, la intención oficial es evitar pérdidas de ingresos públicos que terminan afectando servicios y programas.
Las tres iniciativas provienen de propuestas de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y ahora pasan al Senado para su análisis y, en su caso, aprobación final. El proceso legislativo seguirá su curso y será ahí donde se definan los alcances técnicos y las posibles reservas que presenten las distintas fuerzas políticas.
En resumen: más pagos digitales en el horizonte, un intento de ordenar y modernizar catastros y registros, y controles aduaneros más duros. Cada medida promete beneficios —comodidad, certeza jurídica y mayor fiscalización— pero también plantea retos concretos de implementación, especialmente para municipios con menos capacidad técnica y para pequeños negocios que deberán adaptarse a la nueva normalidad digital.