Colombia a diez años: la ue reconoce avances, pero la paz se tambalea
Colombia conmemora una década del acuerdo que debía poner fin a más de medio siglo de guerra entre el Estado y las FARC. La Unión Europea, a través de su enviado especial Adrianus Koetsenruijter, reconoció en France 24 que el pacto dejó logros reales, pero advirtió sobre importantes sombras: la implementación ha sido irregular y hoy el discurso público y las políticas se orientan más a la lucha antiterrorista que a la construcción sostenida de paz.
En diez años hubo cambios visibles: la violencia a gran escala que marcó décadas de conflicto disminuyó, miles de excombatientes salieron de la clandestinidad y el acuerdo puso en marcha mecanismos inéditos de justicia transicional como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La Unión Europea y otros donantes internacionales financiaron proyectos de reintegración y desarrollo rural que, en algunos territorios, mejoraron el acceso a servicios básicos y promovieron iniciativas productivas.
Sin embargo, esas luces conviven con sombras profundas. Organizaciones como INDEPAZ y reportes de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) documentan que los asesinatos de líderes sociales y de excombatientes continúan, y que la sustitución de cultivos ilícitos y la reforma rural avanzan a paso lento. En muchos municipios rurales los balances cotidianos no hablan de posconflicto: hablan de empobrecimiento, de cultivos de coca que vuelven a crecer, de economías ilegales que reclaman territorios que el Estado no consolida.
La política de seguridad de los últimos años, con un giro hacia operaciones contra “grupos armados al margen de la ley”, ha traído un énfasis militar que algunos expertos consideran que desdibuja los compromisos del acuerdo, donde la reinversión social y la reparación a las víctimas eran ejes clave. Koetsenruijter lo señaló en France 24: la paz no es solo ausencia de combates, sino cambios estructurales en tierra, justicia efectiva y garantías de no repetición.
La implementación fragmentada tiene consecuencias tangibles para la vida cotidiana. Familias que esperaban tierras, títulos o proyectos productivos siguen en espera. Excombatientes relatan dificultades para acceder a empleo formal y salud, lo que los hace vulnerables a caer en economías ilegales. Comunidades víctimas reclaman verdad y reparación que a menudo tardan años en concretarse. En términos prácticos, la falta de presencia estatal integral se traduce en inseguridad, menores oportunidades económicas y desconfianza en las instituciones.
La Unión Europea ha impulsado instrumentos de apoyo y ha señalado que la cooperación continuará, pero condicionada a avances en cumplimiento y protección de comunidades. A su vez, el propio proceso de paz evolucionó políticamente: la antigua guerrilla se transformó en movimiento político, y la sociedad civil, con la Comisión de la Verdad y las víctimas al frente, exige que las promesas no queden en papeles.
Los desafíos son claros y requieren decisiones concretas: acelerar la restitución de tierras y la reforma rural, fortalecer la guardia cívica y la protección de líderes sociales, garantizar recursos estables para la reintegración y articular una política pública que combine seguridad con desarrollo social. Sin esos vectores, advierten la UE y observadores locales citados por France 24 y otros informes, los logros pueden erosionarse.
Diez años después, la paz en Colombia no es un certificado sino una tarea en marcha. Hay motivos para celebrar avances que costaron sacrificios, pero la apuesta ahora exige política pública coherente, financiación sostenida y, sobre todo, voluntad para priorizar la vida de quienes esperan que la paz signifique una mejora real en su día a día.

