García Harfuch pide frenar al crimen organizado tras advertir que destruye a México
Campeche. El titular de la SSCP participó en un evento en Campeche y señaló que el crimen organizado está “destruyendo” al país, por lo que es urgente detenerlo, informó la propia Secretaría. Sus declaraciones volvieron a colocar en el centro del debate público la combinación entre violencia, impunidad y fracaso de políticas que décadas atrás debieron contener este fenómeno.
En su intervención, el funcionario advirtió sobre las afectaciones que las redes criminales provocan en la economía local y en la vida cotidiana de la gente: extorsiones a comercios, despojo de rutas comerciales, miedo en barrios y pérdida de inversiones. Según la SSCP, esas consecuencias no son abstractas: se traducen en escuelas que pierden alumnos, negocios que cierran y familias que se desplazan.
Los datos oficiales respaldan la alarma: instituciones como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que la violencia se ha mantenido en niveles elevados en años recientes. Esa persistencia no solo refleja la fuerza de los grupos criminales, sino también fallas estructurales en la policía, el sistema de procuración de justicia y programas sociales que no alcanzan a las comunidades más vulnerables.
Desde una mirada crítica, pero orientada a soluciones, la voz de la SSCP obliga a preguntarse qué se ha hecho mal. No basta con retórica: hay que reconocer las responsabilidades institucionales. La falta de coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales; la impunidad por investigaciones mal llevadas o por tribunales saturados; y la desatención a factores sociales que alimentan el reclutamiento delictivo son piezas de un mismo rompecabezas que hoy pagan las familias.
Detener al crimen organizado exige una mezcla de estrategia policial inteligente y políticas públicas de fondo. Eso implica mejorar la inteligencia y la capacitación policial, profesionalizar a los ministerios públicos, reforzar mecanismos de control de armas y finanzas ilícitas, y simultáneamente invertir en educación, salud y empleo en los territorios golpeados. Para muchas comunidades, la seguridad no llegará solo con patrullas: llegará con oportunidades.
Organizaciones de la sociedad civil y organismos defensores de derechos humanos han señalado que las medidas de seguridad deben ir acompañadas de garantías de derechos y vigilancia ciudadana. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por ejemplo, ha insistido en que las respuestas no pueden vulnerar libertades ni reproducir abusos que a la larga minan la confianza pública.
La alerta de la SSCP en Campeche —reconocida por la propia Secretaría— es un recordatorio. La política de seguridad necesita auditar sus errores, ser transparente, y combinar fuerza con prevención social. Si no se actúa con rigor y equidad, la violencia seguirá siendo un lastre que reduce libertades y oportunidades para millones de mexicanas y mexicanos.
Fuente: SSCP; datos complementarios: INEGI y Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.