Parlamento pone contra la pared al canciller por adhesión al escudo de las Américas
Santiago.— El canciller Francisco Pérez enfrentó ayer una interpelación en el Congreso centrada en la reciente adhesión de Chile al llamado Escudo de las Américas y en la conducción general de la política exterior del Gobierno de José Antonio Kast. La sesión, que reunió críticas transversales, puso sobre la mesa dudas sobre transparencia, autonomía y el alcance real de compromisos adquiridos por el Ejecutivo. Desde Santiago, nuestro corresponsal Alberto Peña ofrece este balance.
En su defensa, el ministro Pérez sostuvo que «no se firmó ningún tratado», por lo que, según su lectura, no correspondía someter la adhesión a la aprobación del Legislativo. El argumento del Ejecutivo es que se trata de una adhesión política a una iniciativa hemisférica de cooperación en seguridad, más que de un acuerdo legalmente vinculante que modifique obligaciones constitucionales o presupuestarias.
Parlamentarios de la oposición y algunos independientes rechazaron esa versión. Recordaron que la Constitución chilena exige control parlamentario sobre compromisos internacionales que impliquen recursos, despliegue de fuerzas o afecten la soberanía. «No es un detalle técnico: hablamos de a quién alineamos la seguridad nacional y bajo qué condiciones», afirmó uno de los interpelantes ante el pleno.
¿Qué está en juego para la ciudadanía? En términos prácticos, la controversia no es solo diplomática. Una adhesión a marcos de seguridad hemisféricos puede influir en la participación en ejercicios militares, intercambio de inteligencia, prioridades en la lucha contra el narcotráfico y ciberseguridad, y en la eventual asignación de recursos para cooperación operativa. Si esas acciones no pasan por el escrutinio del Congreso, la ciudadanía pierde una puerta clave de control y rendición de cuentas.
El Gobierno sostiene que la iniciativa fortalece capacidades frente a amenazas transnacionales y mejora coordinación regional. Sus críticos, en cambio, ven riesgos de militarización de la agenda exterior y pérdida de autonomía en decisiones que afectan la política migratoria, marítima y comercial.
Durante la interpelación, diputados pidieron acceso a los documentos y comunicaciones que expliciten el alcance de la adhesión. Según el propio Congreso, la cámara estudiará solicitar información detallada a la Cancillería y podría remitir el caso a la comisión de Relaciones Exteriores para un examen más profundo.
La tensión deja claro un punto central: más allá de etiquetas diplomáticas, las adhesiones internacionales tienen efectos concretos en la vida cotidiana y en la soberanía democrática. Como informó nuestro corresponsal Alberto Peña desde Santiago, la demanda parlamentaria por transparencia y por mecanismos de control no cede. Si el Ejecutivo insiste en interpretaciones restrictivas sobre cuándo corresponde informar al Congreso, la controversia promete mantenerse activa y pasar de la retórica a decisiones que definirán el rumbo de la política exterior chilena.