Claudia Tacoronte: un reflejo de la crisis de violencia contra mujeres en Morelos
El feminicidio de Claudia Tacoronte no es un hecho aislado. Antes de su muerte, otras tres estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) desaparecieron entre marzo y junio y posteriormente fueron encontradas sin vida, según denuncias de familiares y reportes que recoge la Fiscalía General del Estado de Morelos. Esa serie de casos pone en evidencia una ola de violencia que golpea a jóvenes, familias y comunidades educativas en la entidad.
La Fiscalía General del Estado de Morelos ha informado que hay investigaciones en curso, pero las familias y colectivos de búsqueda coinciden en que las respuestas institucionales han sido lentas y fragmentadas. La falta de resultados rápidos, la ausencia de comunicación clara y la sensación de impunidad alimentan la desconfianza. La UAEM, por su parte, ha emitido pronunciamientos y medidas de acompañamiento; sin embargo, para muchas estudiantes y madres, las acciones no han alcanzado a transformar la sensación de riesgo cotidiano dentro y fuera del campus.
Este entramado no solo tiene rostro en las víctimas: tiene impacto directo en la vida académica, en la movilidad urbana y en la salud mental de quienes estudian y trabajan en Morelos. Cuando una universidad ve a sus alumnas desaparecer, la conversación sobre seguridad pública se vuelve también sobre presupuesto, protocolos y prioridades. El protocolo Alba y las alertas de búsqueda pueden activarse, pero requieren coordinación efectiva entre autoridades, peritajes rápidos y redes comunitarias fortalecidas para ser útiles.
La experiencia de colectivos de defensa de derechos y de familiares muestra que la búsqueda temprana y la preservación adecuada de la escena son factores determinantes. Según activistas consultados por este diario, la falta de recursos forenses, la rotación de personal en la Fiscalía y la carencia de políticas públicas de prevención dificultan la resolución de casos y la prevención de nuevos crímenes.
No todo es solo crítica: hay lecciones prácticas y caminos a seguir. Incrementar la inversión en medicina forense, capacitar a ministerios públicos en perspectiva de género, implementar protocolos de búsqueda rápidos y crear corredores seguros alrededor de campus y transporte público son medidas concretas. Además, la UAEM puede articular políticas internas más robustas —rondas universitarias, sistemas de alerta propios y acompañamiento psicológico— en coordinación con autoridades estatales.
Las demandas de las familias son claras y legítimas: verdad, justicia y garantías de no repetición. Para lograrlas se necesita voluntad política, transparencia en las indagatorias de la Fiscalía General del Estado de Morelos y la participación activa de la sociedad civil. Como recuerda la ciudadanía organizada, la prevención es tanto comunitaria como institucional: educación en igualdad, atención temprana a agresiones y presupuesto para políticas públicas que prioricen la vida de las mujeres.
La muerte de Claudia Tacoronte debe servir para abrir un debate honesto sobre responsabilidades y soluciones. No se trata solo de cifras ni de titulares, sino de transformar la política pública para que ninguna otra familia tenga que buscar respuestas en la oscuridad. La universidad, las autoridades y la sociedad tienen ahora la obligación de pasar de la indignación a la acción.