Cuando los números hablan: enfermedades crónicas y violencia ahogan a México
Las cifras del Inegi muestran un país con dos epidemias: la carga silenciosa de las enfermedades crónicas y la violencia que golpea, sobre todo, a los hombres
Ciudad de México. Los datos no mienten: las enfermedades crónicas no transmisibles encabezan las defunciones en México, pero detrás de esa estadística fría hay historias de familias que pagan medicinas, jornadas laborales truncas y municipios que ven cómo se va la vida de su gente. Así lo refleja el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en sus últimos reportes, que colocan a la diabetes, las enfermedades isquémicas del corazón y los tumores malignos entre las principales causas de muerte.
Al mismo tiempo, las causas externas —homicidios, lesiones y accidentes de tránsito— siguen dejando un saldo trágico y una marcada diferencia de género: la mayor parte de las víctimas son hombres jóvenes. Esa dualidad convierte la mortalidad en una doble crisis: una que se cocina a fuego lento por malos hábitos, desigualdad y sistemas de salud débiles; y otra, más explosiva, por la violencia armada y la impunidad.
Los informes de la Secretaría de Salud y del Instituto Nacional de Salud Pública coinciden en que muchas de estas muertes son prevenibles. La prevención primaria y el acceso a atención continua son la primera línea, pero en la práctica hay fallas: recortes presupuestarios a programas preventivos, desabasto ocasional de medicamentos esenciales y una atención primaria que no alcanza a los sectores más vulnerables. Es como intentar apagar un incendio con cubetas cuando hacen falta hidrantes y brigadas bien organizadas.
En zonas donde la pobreza es persistente, la carga de la diabetes y la hipertensión se traduce en bolsillos vacíos y esperanza truncada. Las políticas públicas que no atacan los determinantes sociales —alimentación, transporte seguro, espacios públicos, educación— terminan por reproducir el problema. Y en materia de seguridad, la respuesta policial y judicial insuficiente alimenta la sensación de que muchas vidas no tienen el mismo valor ante la ley.
No todo es oscuridad. Hay experiencias locales exitosas: municipios que fortalecieron la atención primaria, campañas comunitarias de detección temprana y proyectos de prevención de violencia que combinan intervención social y reparación del tejido comunitario. Estos ejemplos, documentados por el INEGI y por estudios del Instituto Nacional de Salud Pública, muestran que sí hay alternativas que funcionan cuando hay voluntad política y recursos orientados a resultados.
La tarea es clara y urgente. Primero, reforzar la prevención de enfermedades crónicas mediante políticas integrales: regulación y fiscalidad para alimentos ultraprocesados, campañas sostenidas de detección, acceso garantizado a medicamentos y equipos en el primer nivel de atención. Segundo, enfrentar la violencia con estrategias que combinen justicia, prevención social y políticas públicas que den oportunidades a jóvenes en riesgo. Tercero, mejorar la rendición de cuentas: el gasto en salud y seguridad debe medirse por impacto real en la vida cotidiana, no solo por montos etiquetados.
Los números del INEGI nos muestran la ruta, no la solución. Corresponde a las autoridades traducir esos datos en políticas claras y a la sociedad vigilar, exigir y participar. Si la salud y la seguridad fueran un edificio, hoy falta reforzar los cimientos; de lo contrario, seguiremos contando pérdidas en vez de sumar vidas recuperadas.
Fuentes: INEGI, Secretaría de Salud, Instituto Nacional de Salud Pública.