Bukele refuerza presencia en Haití con más de 2.000 soldados tras la desaparición de cuatro militares
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ordenó el envío de más de 2.000 soldados a Haití en plena crisis por el control de Puerto Príncipe por parte de bandas armadas, mientras mantiene en la prensa una sorprendente ambigüedad sobre los objetivos concretos de la misión. Según reportes de la BBC y Reuters, el despliegue se anunció como una asistencia internacional contra la violencia, pero la Casa Presidencial no ha detallado reglas de enfrentamiento ni el marco jurídico de la operación.
El 18 de octubre, cuatro soldados salvadoreños desaparecieron en un ataque de grupos armados en la capital haitiana, un hecho informado por The New York Times y varios medios regionales. Ese suceso encendió las alarmas entre las familias y cuestionó la seguridad de las tropas desplegadas. Voceros oficiales han ofrecido versiones parciales y contradictorias, según seguimiento de El Faro.
Bukele ha promovido en el pasado un modelo de mano dura que denominó Plan Control Territorial dentro de El Salvador. Ahora busca «exportar» esos métodos a Haití, dice Human Rights Watch, que además advierte sobre riesgos de violaciones a derechos humanos si no hay supervisión internacional clara. Expertos consultados por Reuters subrayan la falta de un mandato multilateral robusto y la posible sobreexposición de soldados en zonas urbanas disputadas.
En El Salvador, la medida tiene impacto político y social. Partidarios celebran la postura firme frente a la delincuencia, pero opositores y organizaciones civiles señalan que la movilización militar hacia el exterior distrae recursos de problemas urgentes en el país como la pobreza, la atención en salud y la seguridad pública bajo controles democráticos. Familiares de los soldados desaparecidos piden transparencia y rendición de cuentas, según reportes publicados por la BBC.
La operación plantea preguntas prácticas y éticas: quién dirige el operativo sobre el terreno, cómo se garantizará la protección de civiles haitianos y qué mecanismos existen para investigar incidentes como la desaparición del 18 de octubre. Mientras tanto, el Ejecutivo salvadoreño guarda silencio sobre estos puntos clave, lo que alimenta desconfianza. Organizaciones regionales y observadores internacionales insisten en que cualquier intervención debe acompañarse de garantías legales y supervisión para evitar replicar en Haití errores vistos en El Salvador.