Ataques al personal humanitario alcanzan niveles alarmantes
Bagdad 2003 fue una advertencia que no aprendimos. El 19 de agosto de 2003 un camión bomba destruyó la sede de la ONU en Bagdad y mató a 22 trabajadores humanitarios. Veintidós años después la sombra de aquella tragedia persiste, aunque la violencia haya mutado en formas más diversas y extendidas. Según cifras de las Naciones Unidas, en 2025 se registraron 907 víctimas de violencia contra personal humanitario: 350 muertos, 322 heridos y 235 secuestrados. Gaza fue el teatro más letal por tercer año consecutivo; Sudán incrementó las muertes por quinto año seguido; y Ucrania, Etiopía, Siria, Haití, Chad y Camerún figuran entre los países de mayor riesgo.
Esos números no son abstractos. Son manos que dejan de repartir comida, equipos médicos que no llegan a hospitales, equipos que abandonan escuelas convertidas en refugio por temor a ser atacados. Cuando quienes ayudan se convierten en objetivos, la respuesta humanitaria se retrae y la población más vulnerable paga el precio más alto.
Organizaciones como las Naciones Unidas y Humanitarian Outcomes han señalado durante años que la inseguridad dirigida a cooperantes no es un subproducto inevitable de la guerra. Es el resultado de fallos en la protección, la ausencia de rendición de cuentas y la impunidad que permite que actores estatales y no estatales normalicen las agresiones. La investigación y el registro de incidentes, importantes, no son suficientes si no van acompañados de medidas concretas para prevenir y sancionar.
La lista de países donde la asistencia está más amenazada revela dos realidades simultáneas. Por un lado, los conflictos convencionales prolongados como en Gaza, Siria y Ucrania crean escenarios donde las líneas entre combatientes y personal civil se diluyen. Por otro, crisis menos visibles o fragmentadas, como en Haití o partes de África central, muestran cómo la delincuencia organizada y los grupos armados locales pueden convertir rutas humanitarias en zonas de alto riesgo. En ambos casos, las consecuencias para la población son visibles y dolorosas.
Las políticas públicas nacionales y las decisiones internacionales marcan la diferencia. Cuando Estados y organismos multilaterales priorizan la protección, incrementan los recursos para seguridad y abren canales de negociación para garantizar corredores humanitarios, la ayuda llega con menos interrupciones. Cuando prima la retórica de seguridad sin controles, o cuando se delega la protección íntegramente en fuerzas ubicadas en el mismo conflicto, los resultados son peores.
No todo está perdido. Existen prácticas que reducen el riesgo: mapeo comunitario de amenazas, protocolos de seguridad co-diseñados con la población local, mecanismos independientes para investigar ataques y sancionar a responsables, y mayor inversión en seguridad preventiva en los presupuestos humanitarios. Además, las organizaciones deben rendir cuentas no solo sobre gasto y entregas, sino sobre cómo protegen a su gente y a las comunidades que acompañan.
La sociedad civil y los votantes también tienen poder. Presionar a gobiernos para que firmen y respeten leyes que protejan al personal humanitario, exigir transparencia en las investigaciones y apoyar políticas de diplomacia humanitaria son acciones que salvan vidas. La protección de quienes auxilian no es una cuestión técnica, es una decisión política que refleja prioridades éticas y humanas.
En el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, las cifras que presenta la Naciones Unidas deberían sonar como una alarma. No se trata solo de contabilizar víctimas. Se trata de entender que cada ataque erosiona la posibilidad de socorrer, de reconstruir y de garantizar derechos básicos. Si la ayuda se convierte en objetivo, perdemos todos.
Fuente: Naciones Unidas y registros públicos de seguridad humanitaria.