Sarajevo bajo la caza: migrantes denuncian safaris humanos e impunidad
En barrios periféricos de Sarajevo se respira de nuevo el miedo que muchos creían enterrado. Informes recientes de Human Rights Watch, ACNUR y Amnistía Internacional recogen testimonios de personas migrantes que describen persecuciones, palizas y detenciones arbitrarias en lo que algunos llaman «safaris humanos». Estas denuncias apuntan a grupos organizados y, en ocasiones, a agentes que miran hacia otro lado.
Los relatos son sencillos y brutales: hombres y mujeres que huyen de la guerra o la pobreza aseguran haber sido localizados por grupos armados que los persiguen por bosques y polígonos industriales, los golpean y los devuelven a la frontera en condiciones que vulneran el derecho internacional. ACNUR ha documentado retornos forzosos y falta de acceso efectivo al asilo. Human Rights Watch subraya la impunidad persistente y la ausencia de investigaciones exhaustivas.
La policía de Bosnia y Herzegovina y el Ministerio de Seguridad defienden que investigan incidentes y cooperan con organismos internacionales, pero las ONG consultadas por este periódico coinciden en que los avances son insuficientes. Amnistía Internacional ha señalado lagunas en la investigación criminal y obstáculos para que las víctimas declaren con seguridad. En la práctica, la sensación es que muchos agresores actúan sin temor a consecuencias.
Detrás de estas escenas está una mezcla de política y abandono. La presión migratoria en los Balcanes ha provocado respuestas crecientemente securitarias de varios países de la región y de la Unión Europea. Fondos, patrullas y acuerdos extrajudiciales han intentado cerrar rutas, pero cuando la política pública se limita a blindajes y devoluciones, las soluciones humanas desaparecen. Como metáfora: se cambia una red de protección por una alambrada que deja a la gente expuesta.
Las consecuencias son concretas y graves. Familias que no pueden solicitar asilo de forma segura quedan en la calle, con riesgo real para la salud física y mental. Niños y mujeres embarazadas han sido expulsados sin evaluación de sus necesidades. ACNUR advierte del aumento de la vulnerabilidad y pide acceso humanitario inmediato. Los servicios sociales locales, ya sobrecargados, reciben poco apoyo para atender a quienes quedan al margen.
Frente a este escenario, las recomendaciones son claras y alcanzables. Human Rights Watch y Amnistía Internacional exigen investigaciones independientes, protección efectiva para las víctimas y formación de las fuerzas de seguridad en derechos humanos. ACNUR sugiere corredores seguros y puntos de registro accesibles. La Unión Europea puede condicionar apoyo a mejoras en el estado de derecho y transparencia, en lugar de financiar únicamente medidas de contención.
Hay espacio para medidas que funcionen: fortalecer el acceso a la documentación, crear rutas legales de migración y mejorar la cooperación judicial regional. También hace falta respaldo a las ONG locales que ofrecen alojamiento, asistencia médica y asistencia legal. La sociedad civil puede presionar para que el principio de dignidad no sea otra frase vacía en los comunicados oficiales.
Si Sarajevo quiere alejarse de ese recuerdo oscuro, las autoridades deben actuar con rapidez y veracidad. La impunidad no es un accidente, es el resultado de decisiones públicas. Las organizaciones internacionales ya han señalado fallos; corresponde a los tribunales, a la policía y a la política local traducir esas señalamientos en acciones. La justicia y la protección no son meras aspiraciones: son medidas que salvan vidas.
Fuentes: Human Rights Watch, ACNUR, Amnistía Internacional, Balkan Insight.