La favorita de la 4T se queda con salud de Pemex tras adjudicaciones directas
Petróleos Mexicanos adjudicó de manera directa los contratos para servicios de salud de segundo nivel a una empresa creada al inicio del actual sexenio, según registros oficiales en Compranet y una revisión periodística de Animal Político. El movimiento deja en evidencia tensiones entre la promesa de austeridad y las prácticas de contratación que benefician a un actor cercano al proyecto político de la 4T.
La adjudicación directa, procedimiento que evita la competencia abierta, se usó para contratar atención especializada y servicios hospitalarios destinados a trabajadores y jubilados de la empresa productiva del Estado. La firma ganadora fue constituida en los primeros meses de la administración actual, lo que despierta preguntas sobre transparencia, capacidad técnica y posible preferencia institucional.
Qué está en juego. Para miles de derechohabientes de Pemex, los contratos significan acceso a consultas, estudios y cirugías. Si la empresa provee buen servicio, la decisión puede traducirse en citas menos tardadas y atención más ágil. Pero la falta de competencia reduce la presión para ofertar calidad y precios justos. Es similar a que en un mercado se deje de subastar y se entregue el puesto a un conocido: puede funcionar, pero al ciudadano le cuesta confiar.
Voceros de Pemex han defendido la decisión argumentando urgencia operativa y que la contratación fue conforme a la normativa interna. Sin embargo, expertos en contrataciones públicas consultados por este medio advierten que la Ley de Adquisiciones y las buenas prácticas exigen justificación exhaustiva cuando se evita la licitación. La Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación están llamadas a verificar que no existan conflictos de interés ni influyentismo.
Trabajadores de la salud y pacientes entrevistados por este periódico expresan sentimientos encontrados: por un lado, la esperanza de que lleguen recursos y atención; por el otro, el temor de que estas adjudicaciones perpetúen redes privilegiadas y no mejoren de fondo la infraestructura sanitaria. Un enfermero en un hospital regional resumió la sensación: “Necesitamos equipos y personal, no favores políticos disfrazados de contratos”.
La creación reciente de la empresa contratista también plantea preguntas sobre solidez operativa y experiencia técnica para manejar servicios de segundo nivel. Documentos disponibles en Compranet muestran plazos y alcances que exigen capacidad logística y personal especializado. En el pasado, servicios subcontratados sin suficiente capacidad han derivado en demora en cirugías y en litigios laborales.
Desde una postura crítica y constructiva, la priorización debe ser la salud pública: si la adjudicación inmediata acelera atención sin perder control, vale la pena. Si, en cambio, abre la puerta a privilegios y compromete calidad, los costos los pagarán los trabajadores y jubilados. Por ello, organismos de vigilancia, sindicatos y sociedad civil deben exigir acceso a los contratos, indicadores de desempeño y auditorías públicas.
La historia de estas adjudicaciones no termina en un acta; necesita seguimiento. Los archivos en Compranet y la investigación de Animal Político serán herramientas clave para que la ciudadanía y las autoridades determinen si fue una victoria para el servicio público o para un grupo cercano al poder.