Sheinbaum propone quitar la doble nacionalidad a quienes aspiren a gobernar: esto es lo que cambia y cuándo podría entrar en vigor
Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa para impedir que personas con doble nacionalidad sean candidatas a la Presidencia o a las gubernaturas, bajo el argumento de que quienes encabecen el Ejecutivo federal o estatales deben representar solo a México. La propuesta abrió un debate político y jurídico que no se resolverá de la noche a la mañana.
En términos prácticos, la iniciativa busca que quienes aspiren a esas posiciones renuncien a cualquier otra nacionalidad antes de inscribirse como candidatos. Para sus promotores —entre ellos la propia Sheinbaum— se trata de garantizar lealtad y evitar conflictos de interés; para críticos y organizaciones de la sociedad civil es una medida que puede castigar a la diáspora, dificultar la participación política de migrantes y generar problemas constitucionales.
¿Cómo se hace un cambio así? En México, modificar requisitos para cargos de elección popular cuando afectan la Constitución requiere más que una discusión en un solo órgano: hace falta mayoría calificada en el Congreso de la Unión y el aval de las legislaturas estatales. Es decir, primero la propuesta debe avanzar en la Cámara de Diputados y en el Senado, y después recibir la aprobación de una mayoría de los congresos locales. Además, cualquier reforma de este tipo puede ser impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación si se alega violación de derechos humanos.
¿Cuánto tiempo tomará? Si la iniciativa sigue los cauces normales y no hay recursos legales, el proceso legislativo podría resolverse en semanas o meses; sin embargo, dada la complejidad política y la posibilidad de controversias constitucionales, lo más realista es esperar un plazo de varios meses a un año para que la norma entre en vigor —si es que llega a aprobarse. Si la Suprema Corte recibe un caso, la implementación puede tardar aún más.
¿A quién afecta? La medida impactaría a personas con doble nacionalidad que aspiren a la Presidencia o a una gubernatura: ciudadanos con vínculos familiares y laborales en el extranjero, profesionistas retornados, o líderes comunitarios de la diáspora podrían verse obligados a renunciar a otro pasaporte para competir. Eso tiene un costo humano y simbólico: pedir a alguien que “elija” entre dos identidades es, para críticos, una forma de exclusión que puede reducir la pluralidad en la política.
El argumento público de Sheinbaum, según su iniciativa y declaraciones en foros públicos, es la defensa de la soberanía y la claridad de lealtades. Los opositores en el Congreso y algunas organizaciones civiles señalan que la medida podría vulnerar derechos y afectar la competitividad democrática. Además, expertos legales advierten que la redacción de la reforma será clave: una norma mal formulada abriría la puerta a litigios y a interpretaciones contradictorias.
En la práctica política, la iniciativa también tiene un efecto inmediato: cambia la agenda pública y obliga a partidos y aspirantes a posicionarse. Si la reforma prospera, los procedimientos de registro y verificación de candidatos deberán adaptarse, y los órganos electorales tendrán que definir cómo se prueba la renuncia a otra nacionalidad y en qué momento debe acreditarse.
Esta discusión no es solo técnica. Es una elección sobre qué idea de ciudadanía queremos: una que exija exclusividad de pertenencia o una que reconozca trayectorias transnacionales. La propuesta de Sheinbaum pone sobre la mesa, además, preguntas sobre cómo el Estado equilibra la seguridad política con los derechos individuales.
La recomendación para la ciudadanía es sencilla: seguir el debate en el Congreso de la Unión, exigir transparencia sobre el contenido final de la reforma y participar. Si la norma avanza, tocará a la sociedad evaluar sus efectos concretos, no solo sus argumentos retóricos. El reloj legislativo ha comenzado a correr, pero la decisión aún depende de muchos actores y, posiblemente, de los tribunales.
Fuente: iniciativa presentada por Claudia Sheinbaum y procesos legislativos del Congreso de la Unión.