Afores entran en obras públicas: qué ganan y qué arriesgan los ahorros de los mexicanos
Las administradoras de los fondos para el retiro buscan ampliar su presencia en proyectos de infraestructura y otros sectores estratégicos, pero la jugada tiene más aristas que promesas de rendimiento. Según la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), las Afores administran recursos por varios billones de pesos, lo que las convierte en un actor clave para financiar el desarrollo. El Banco de México y la Secretaría de Hacienda han señalado que canalizar esos recursos a largo plazo puede ayudar a cerrar brechas en infraestructura. Pero ¿a qué costo para los trabajadores?
En términos sencillos: invertir en carreteras, puertos, vivienda o energía puede subir el rendimiento de los fondos y, al mismo tiempo, abaratar el financiamiento público. Es como pedirle a los ahorros de la vejez que trabajen en la construcción de la ciudad del futuro: si todo sale bien, hay beneficios compartidos; si hay problemas, los afectados son los jubilados.
Lo positivo es tangible. Las inversiones a largo plazo encajan con los pasivos de las pensiones y pueden diversificar carteras que han dependido mucho de deuda gubernamental y del mercado bursátil. Además, proyectos bien estructurados generan empleo, conectividad y mayor productividad, algo que la economía mexicana necesita. Analistas y autoridades han visto en vehículos como los fondos de infraestructura y los certificados de proyecto una vía para canalizar ese volumen de ahorro hacia inversiones productivas.
Pero los riesgos no son menores ni teóricos. Primero, existe el riesgo de liquidez: la infraestructura es un activo ilíquido, y las Afores necesitan mantener liquidez para pagar pensiones. Segundo, la calidad de los proyectos importa: obras con sobrecostos, retrasos o baja demanda transfieren pérdidas a los inversionistas, es decir, a los trabajadores. Tercero, hay un riesgo político: la tentación de financiar proyectos emblemáticos sin evaluación estricta puede llevar a que los fondos respalden iniciativas de inferior rentabilidad o con conflictos de interés.
También está la cuestión de la gobernanza. Para que estas inversiones funcionen se requieren criterios técnicos claros, transparencia en la selección de proyectos y mecanismos de supervisión independientes. Sin controles robustos, las Afores pueden volver a concentrar riesgo o incluso convertirse en una herramienta de financiamiento de corto beneficio político, no de largo beneficio social.
¿Qué se puede hacer para equilibrar oportunidades y protección de los ahorros? Primero, reforzar la regulación y la supervisión por parte de la CONSAR y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Segundo, exigir análisis de viabilidad y cláusulas que protejan la liquidez y los intereses de los trabajadores. Tercero, impulsar mecanismos de transparencia que permitan a la sociedad civil y a los legisladores auditar inversiones en infraestructura con datos públicos y comprensibles.
En suma, abrir las Afores a obras públicas es una decisión con potencial para modernizar la infraestructura y mejorar rendimientos. Pero sin reglas claras y rendición de cuentas, puede convertirse en un atajo peligroso que ponga en riesgo lo más sensible: el ahorro para la vejez de millones de mexicanos. Como recuerda la propia CONSAR, no se trata solo de ganar más hoy, sino de garantizar ingresos dignos mañana.