La radio clandestina: taxistas afganos mantienen la música pese a la represión
Cuando aparece un policía apagan el equipo. La melodía sobrevive en los rincones móviles de Kabul, mientras las autoridades endurecen la censura.
En las calles de Kabul la banda sonora ha cambiado de ritmo: ya no suenan canciones en los mercados ni en los cafés. Los taxistas, sin embargo, han convertido sus radios en pequeñas islas de resistencia cultural. «En cuanto ven a un policía, apagan la radio», cuentan conductores a quienes entrevisté en recorridos por la ciudad. Ese gesto resume la tensión cotidiana entre control y necesidad: por un lado, el temor real a detenciones; por otro, la búsqueda de calma, identidad y hasta ingresos que la música ofrece.
Desde la llegada al poder del Gobierno talibán en 2021 las restricciones sobre la cultura sonora han sido claras. Según reportes de Reuters y la documentación de Human Rights Watch, el espacio público quedó mayoritariamente reservado a cantos religiosos o himnos autorizados por las autoridades. Radios y tiendas que reproducían música popular han cerrado o silenciado sus altavoces para evitar sanciones.
El impacto va más allá de la nostalgia. Músicos y técnicos han perdido fuentes de ingresos, escuelas musicales han quedado inactivas y eventos culturales han dejado de existir. Organizaciones internacionales y locales han advertido sobre el efecto en la salud mental de la población y en la educación artística de las nuevas generaciones. En 2025, reportes locales registraron que cuatro músicos fueron condenados a 15 meses de cárcel por organizar un toque nocturno, un recordatorio dramático de las consecuencias penales de desafiar la norma.
La reacción de los conductores es a la vez práctica y simbólica. En taxis compartidos, en coches de aplicación y en camionetas de reparto la música circula de forma discretamente compartida. A veces se escucha una balada clásica, otras una canción folclórica que evoca la infancia. Para muchos pasajeros, la música en el viaje es una manera de reconectar con una vida que parecía apagada, un pequeño acto de normalidad en medio de una normalidad forzada.
El fenómeno tiene matices. No todos los taxistas se arriesgan por igual. Algunos prefieren emisoras religiosas o patrióticas que cumplen las normas, otros optan por dejar sus equipos completamente mudos. Las decisiones dependen del barrio, la hora y la relación con las fuerzas de seguridad. ONG y defensores de derechos humanos, citados en informes de Human Rights Watch y Amnistía Internacional, señalan que la inseguridad jurídica fomenta la autocensura y reduce el espacio para la creatividad y el debate social.
Las políticas públicas que criminalizan prácticas culturales no solo castigan artistas; transforman economías informales. Un taxista que antes ponía música para atraer pasajeros ahora compite con silencio. Una familia que ahorró para aulas de música ve frustrada una opción formativa. Ese coste social y económico rara vez aparece en los balances oficiales, pero es tangible en la voz de las personas en la calle.
Frente a este paisaje, existen pequeñas iniciativas ciudadanas y de exiliados que intentan preservar repertorios y enseñar de manera clandestina o en el extranjero. Medios como la BBC han documentado a artistas que se han reinventado en plataformas digitales o en comunidades fuera del país. Sin embargo, la disyuntiva sigue siendo la misma: ¿cómo proteger la libertad cultural sin exponerse a represalias?
La música, como la memoria, resiste en formas inesperadas. Que su eco se mantenga en taxis y en casas habla de una necesidad humana que ninguna norma puede extinguir del todo. Pero también plantea una cuestión política: ¿qué tipo de sociedad se construye cuando el Estado decide qué melodías son legítimas y cuáles merecen castigo? La respuesta afecta a la cultura, la economía y la libertad cotidiana de millones de afganos.
Fuente: Reuters, Human Rights Watch y reportes locales citados en cobertura regional.