Académicos y representantes de la Suprema Corte, la Universidad Iberoamericana y el INAP señalaron que las reformas legales deben traducirse en mejoras reales para la población, particularmente en el acceso a servicios básicos y la reducción de las desigualdades.
A pesar de los avances legislativos y de las reformas constitucionales de los últimos años, México continúa enfrentando importantes desafíos para garantizar derechos fundamentales, reducir la desigualdad y mejorar las condiciones de vida de la población.
Así lo expusieron especialistas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Universidad Iberoamericana y el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), durante la sexta sesión del seminario interinstitucional” La justicia constitucional de México frente a los desafíos de la transformación del país”, una iniciativa de la SCJN a través de la Dirección General de Operaciones Institucionales y del Centro de Documentación y Análisis.
Durante el encuentro, los participantes coincidieron en que el reconocimiento de derechos en la Constitución resulta insuficiente si no está acompañado de políticas públicas capaces de garantizar su ejercicio efectivo.
Uno de los principales temas fue la persistencia de la pobreza y las desigualdades sociales. Ricardo Velázquez Leyer, académico de la Universidad Iberoamericana, reconoció los avances registrados en la reducción de la pobreza, pero advirtió que persisten problemas estructurales relacionados con el rezago educativo, las deficiencias en los servicios de salud y la elevada informalidad laboral, que limita el acceso a la seguridad social.
En materia energética, Sergio Ampudia Mello, integrante del Consejo Directivo del INAP, señaló que todavía existen comunidades sin suministro eléctrico, una carencia que profundiza las desigualdades en un contexto de creciente dependencia de las tecnologías digitales y la inteligencia artificial.
El especialista subrayó la importancia de incorporar los principios de justicia energética y pobreza energética en las políticas públicas, considerando la electricidad como un elemento indispensable para el desarrollo social.
Por su parte, César Bernal Franco, funcionario de la Suprema Corte, destacó la necesidad de colocar a las personas en el centro de las decisiones institucionales. También abordó los avances constitucionales de 2024 en el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
El encuentro concluyó con un planteamiento central: las transformaciones del marco jurídico mexicano deben evaluarse no solamente por su alcance normativo, sino también por su capacidad para reducir las brechas sociales, ampliar el acceso a los servicios públicos y garantizar que los derechos reconocidos legalmente puedan ejercerse en la práctica.
La discusión puso de relieve que uno de los principales desafíos del Estado mexicano sigue siendo convertir las reformas institucionales en resultados tangibles para la ciudadanía.