Inaudito: méxico envejece y el Estado llega tarde
El país roza los 131 millones de habitantes, pero la noticia que trae INEGI no es el tamaño de la población sino su cambio de edad: la proporción de personas adultas mayores crece mientras la fecundidad cae por debajo del nivel de reemplazo. Es un combo que pinta una realidad inquietante para pensiones, salud pública y la vida cotidiana de millones.
Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) confirman una tendencia que ya no es previsión sino presente. Más familias tendrán mayores dependientes y menos jóvenes en edad laboral para sostener sistemas contributivos tradicionales. En términos prácticos, eso significa pensiones más débiles, servicios de salud sobrecargados y hogares obligados a asumir cuidados que deberían ser responsabilidad pública.
La política social actual —incluida la Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores— ha dado pasos, pero no alcanza. Recursos limitados, cobertura desigual y burocracia dejan fuera a quienes más lo necesitan. En municipios rurales, mujeres mayores que nunca cotizaron en el sistema formal quedan a merced de transferencias insuficientes. En ciudades, clínicas y hospitales muestran cuellos de botella en atención geriátrica y enfermedades crónicas.
El envejecimiento no es solo un número: es la historia de Marisa, que cuida a su madre de 82 años y tuvo que reducir su jornada laboral; es la imagen de una consulta de cardiología con lista de espera de meses. Esos efectos los documenta INEGI y los sienten millones de hogares.
¿Qué falló? La planificación a largo plazo. Los sistemas de pensiones fueron diseñados para otra estructura demográfica. La salud pública no integró a tiempo la atención primaria y el manejo de enfermedades crónicas en la vejez. Las políticas de empleo no contemplaron la inclusión de personas mayores que quieren y pueden trabajar.
Hay soluciones conocidas que demandan decisión política: transitar hacia esquemas mixtos de pensión con aportes públicos y privados, ampliar la atención primaria y la formación en gerontología en el sector salud, crear servicios de cuidado público que alivien la carga familiar, y adaptar ciudades y transporte para una vida activa en la tercera edad. Todo esto, claro, requiere recursos y voluntad.
Desde una mirada crítica y con datos, INEGI deja claro que el reloj corre. No se trata de fatalismo sino de urgencia: políticas más integrales, financiamiento sostenible y programas que prioricen la dignidad. Apoyar la salud, el empleo y la autonomía de las personas mayores es invertir en una sociedad más justa.
Si el país no actúa ahora, lo que parece inaudito —una población creciente sin respuestas estatales— será la factura que las próximas generaciones pagarán. INEGI saca la radiografía; corresponde al Estado y a la sociedad poner el tratamiento.