Sheinbaum eleva el tono contra la ONU: «El Estado no está rebasado» y culpa a cárteles por las desapariciones
La presidenta responde al informe del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada y defiende la actuación del Gobierno mientras colectivos y organismos internacionales piden medidas más incisivas.
La presidenta Claudia Sheinbaum arremetió este martes contra el informe del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED), que concluye que en México las desapariciones se cometen de forma sistemática y generalizada. En su conferencia matutina volvió a insistir en que la mayoría de los casos son responsabilidad de organizaciones delictivas y no del Estado, y sostuvo que su administración está trabajando para localizar a las víctimas y prevenir nuevos casos.
«Estamos trabajando en ello y queremos erradicar ese delito», declaró la mandataria. «Evidentemente, no queremos que haya desapariciones en nuestro país y estamos ayudando a buscar a aquellas personas que fueron reportadas como desaparecidas. Eso no fue tomado en cuenta en el análisis del Comité», añadió.
El choque entre la versión del CED y la defensa presidencial no es sólo retórico: detrás hay miles de familias que siguen esperando respuestas y una cifra que continúa creciendo en los registros oficiales. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hay decenas de miles de personas pendientes por localizar, una herida abierta que atraviesa comunidades enteras.
Qué dice cada actor
| Quién | Mensaje central |
|---|---|
| Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED) | El delito de desaparición forzada en México presenta patrones sistemáticos y generalizados; pide investigaciones independientes, medidas de protección a víctimas y rendición de cuentas. |
| Gobierno (Sheinbaum) | La mayoría de las desapariciones son cometidas por cárteles y grupos delincuenciales; el Estado no está rebasado y realiza acciones de búsqueda e identificación. |
| Colectivos y organizaciones civiles | Reconocen avances parciales (búsquedas, bases de datos), pero exigen mayor transparencia, recursos, independencia en las investigaciones y atención a familiares. |
Avances reconocidos y puntos críticos
- Avances: impulso a búsquedas con brigadas, uso de técnicas forenses y creación de registros nacionales; coordinación entre fiscalías y Comisión Nacional de Búsqueda.
- Pendientes: denuncias de impunidad, la lentitud en las investigaciones, familias que no encuentran respuestas y la necesidad de investigaciones independientes que deslinden responsabilidades —incluida la posible actuación de servidores públicos—, tal como lo reclama el CED.
- Impacto social: comunidades que viven con miedo, madres y padres organizados que buscan fosas y reclaman políticas efectivas; la desaparición es una fractura social que obliga a la acción pública concreta.
Qué se juega en la polémica
Cuando el debate se reduce a quién tiene la culpa, la vida cotidiana de miles de personas queda en segundo plano. Para la ciudadanía lo que importa es encontrar a su familiar, acceder a servicios forenses dignos y que las instituciones funcionen. Si la discusión gira sólo en torno a proteger la imagen del Estado o a responsabilizar exclusivamente a grupos criminales, se pierde la urgencia de reformas que mejoren la búsqueda, la investigación y la justicia.
Propuestas y exigencias que emergen
- Fortalecer la independencia y recursos de las investigaciones forenses y fiscales.
- Ampliar y transparentar la base de datos nacional, con acceso a familiares y organismos de la sociedad civil.
- Atender con prioridad a las familias: acompañamiento psicosocial, información clara y participación en búsquedas.
- Combinar trabajo policial con políticas sociales que reduzcan la violencia estructural que alimenta las desapariciones.
Conclusión
La confrontación entre el informe del CED y la respuesta de Sheinbaum despliega dos narrativas: una que exige reconocer fallos institucionales y asumir compromisos para profundizar las investigaciones; otra que defiende la capacidad del Estado y señala a los cárteles como responsables principales. En medio están las familias que exigen resultados. La discusión debería traducirse en medidas concretas, transparentes y efectivas, no en una batalla de retórica que deje intacta la herida social.
Fuentes consultadas: informe del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED), declaraciones de la Presidencia en conferencia matutina, registros oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y recientes pronunciamientos de colectivos de búsqueda.