Fotoperiodistas en jaque: leslie pérez destapa el peligro cotidiano y la informalidad que las deja sin red
La fotoperiodista y colaboradora de El Heraldo de México asegura que la mitad o más de las mujeres en medios trabajan en la informalidad, una bomba de tiempo que las expone a violencia, acoso y ausencia de protección.
La alerta es clara y urgente. Leslie Pérez, fotoperiodista con años de cobertura en zonas de conflicto y protestas, puso el dedo en la llaga: muchas mujeres que cubren la noticia en México lo hacen sin contratos, sin prestaciones y sin mecanismos institucionales que garanticen su seguridad. Esa precariedad no es un detalle administrativo, es el factor que multiplica los riesgos físicos, laborales y psicológicos que enfrentan día a día.
Las cifras macro confirman el diagnóstico. Organizaciones defensoras de la libertad de expresión y datos públicos han señalado durante años que México es uno de los países más peligrosos para la prensa. El Comité para la Protección de Periodistas y organizaciones como Artículo 19 han documentado decenas de agresiones y asesinatos contra comunicadores en la última década. A esto se suma la creciente violencia de género en espacios digitales y presenciales, donde las mujeres periodistas reciben amenazas, hostigamiento y campañas de difamación con impunidad.
La informalidad laboral, que Pérez denuncia, actúa como catalizador. Según datos de empleo en sectores culturales y de medios publicados por instancias oficiales en ejercicios previos, la tasa de empleo informal en actividades relacionadas con prensa y comunicación suele ser notablemente alta. En la práctica esto significa que muchas fotoperiodistas no cuentan con seguro médico laboral, recursos para seguridad personal, respaldo legal ni protocolos de protección por parte de sus empleadores.
¿Qué consecuencias trae esta mezcla letal? Tres impactos concretos:
- Riesgo físico y exposición directa: sin equipo protegido, sin respaldo institucional y en tareas de alto riesgo, las fotoperiodistas son blanco fácil en manifestaciones violentas, operativos policiales o zonas controladas por grupos criminales.
- Vulnerabilidad institucional: la falta de contratos dificulta el acceso a medidas de protección, a denuncias formales y a la reparación de daños cuando hay agresiones.
- Silenciamiento y autocensura: el costo personal y profesional lleva a reporteras y fotógrafas a autocensurarse o a abandonar coberturas, lo que empobrece la información pública sobre violencia, corrupción y conflicto.
Testimonios como el de Pérez no son anecdóticos. Periodistas y organizaciones reportan que muchas mujeres aceptan condiciones informales por necesidad económica o por la ausencia de plazas formales. Esa normalización del riesgo facilita que autoridades y empleadores evadan responsabilidades, mientras las agresiones quedan en el limbo.
Frente a este panorama, ¿qué es lo que falla y qué se puede hacer? Aquí un diagnóstico con propuestas concretas, que van desde lo inmediato hasta lo estructural:
| Falla | Impacto | Propuesta |
| Contratación informal | No hay seguro, ni prestaciones ni respaldo legal | Incentivos y fiscalización para que medios regularicen plazas; contratos mínimos para corresponsalías y freelance |
| Protocolos de seguridad insuficientes | Coberturas sin planes de contingencia ni equipos adecuados | Protocolos obligatorios para coberturas de alto riesgo, capacitación y dotación de equipo de protección |
| Impunidad en agresiones | Perpetradores que repiten ataques; autocensura | Investigaciones transparentes, unidades especializadas y protección integral para víctimas |
Además de las reformas laborales y de seguridad, la comunicación pública tiene un papel clave. Los medios deben transparentar sus políticas de contratación y protección, y el Estado debe garantizar rutas claras para denunciar agresiones con perspectiva de género. Organismos de la sociedad civil han avanzado con observatorios y protocolos, pero falta articular esfuerzos y presupuestos.
Hay ejemplos de avance que valen la pena replicar. Algunos colectivos y agencias implementan fondos de apoyo para periodistas agredidos, líneas de asistencia legal y redes de acompañamiento psicológico. Programas de capacitación en seguridad digital y física han demostrado reducir riesgos cuando se acompañan de medidas institucionales. Sin embargo, estas soluciones siguen siendo insuficientes frente a una problemática que exige respuesta pública y privada coordinada.
Leslie Pérez lo resume sin rodeos: no es sólo la bala, la piedra o la amenaza en redes. Es el sistema que permite que una reportera salga a la calle sin red. Para que las mujeres que registran la realidad no paguen con su integridad, hacen falta contratos, protección, justicia y reconocimiento. No son favores, son obligaciones.
Al final, proteger a las fotoperiodistas es proteger el derecho de la sociedad a conocer la verdad. Quien recorta esa protección corta también la luz sobre lo que ocurre en las calles y en los pasillos del poder. El reto está planteado; la pregunta es si las instituciones y los medios responderán con la urgencia que exige la realidad.
Fuentes citadas y referencias: declaraciones públicas de Leslie Pérez; reportes y documentación de organizaciones como Artículo 19 y el Comité para la Protección de Periodistas; datos oficiales sobre empleo en el sector cultural y de medios.