Minnesota demanda a DHS y ICE tras asalto militar en las ciudades gemelas
Fiscal Ellison acusa redadas violentas, perfil racial y una operación con tintes políticos que ha sembrado miedo en Minneapolis y Saint Paul
La Fiscalía General de Minnesota presentó una demanda contra el Departamento de Seguridad Interna (DHS) y el Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE) por el despliegue masivo de agentes migratorios en Minneapolis y Saint Paul, conocidas como las Ciudades Gemelas. El documento, firmado por el fiscal Keith Ellison y al que tuvo acceso MILENIO, califica la intervención federal —identificada en la demanda como “Operación Surgimiento Metro”— como un asalto que ha generado pánico y violaciones sistemáticas de derechos.
Según la querella estatal, los operativos comenzaron a finales del año pasado y fueron escalando en violencia. Entre los incidentes citados están el disparo contra una persona dentro de un vehículo el 21 de diciembre de 2025 en Saint Paul y, más grave aún, la muerte de Renee Good, ciudadana estadounidense, durante un encuentro con agentes de ICE el 7 de enero de este año. La Fiscalía subraya que estos hechos ―y otras redadas en escuelas, hospitales y espacios públicos sensibles― han ocurrido bajo la apariencia de acciones migratorias legítimas.
Qué acusa la demanda
- Violaciones constitucionales: detenciones y arrestos en lugares públicos y sensibles que, según la demanda, son ilegales e inconstitucionales.
- Uso excesivo de la fuerza: redadas descritas como “militares”, con agentes armados y enmascarados que, a juicio de Minnesota, han aumentado la escalada violenta.
- Perfilamiento racial: la Fiscalía presenta ejemplos, como la detención selectiva de empleados donde solo se pidieron documentos a quienes no eran blancos.
- Intromisión en el gobierno estatal: la demanda sostiene que el operativo es una agresión directa contra la administración del gobernador Tim Walz con fines políticos, incluidos beneficios para aliados del expresidente Trump.
La acción legal no solo señala a las agencias, sino a funcionarios concretos: la titular de DHS, Kristi Noem; el director interino de ICE, Todd Lyons; y otros cinco altos mandos, entre ellos el comandante de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino, quien según la Fiscalía llegó a Minnesota para encabezar el despliegue.
Lo que pide Minnesota al juez
- Que se declare ilegal e inconstitucional la Operación Surgimiento Metro.
- Una orden judicial que prohíba futuros operativos de ICE y de la Patrulla Fronteriza en los términos denunciados.
- Que se restrinjan tácticas que la demanda califica de violentas y basadas en perfil racial.
- Medidas para prevenir daños adicionales a residentes, trabajadores y visitantes de las Ciudades Gemelas.
Impacto en la comunidad
Vecinos, familias y centros comunitarios relatan una atmósfera de miedo: padres que evitan llevar a sus hijos a la escuela, pacientes que temen acudir a hospitales y trabajadores que rehúsan desplazarse por temor a ser interceptados. La demanda enfatiza que cuando el pánico público crece, los gobiernos locales y estatales asumen costos tangibles e intangibles que afectan la cohesión social y la economía local.
Contexto y posibles escenarios
La aplicación de la ley migratoria es prerrogativa federal, pero la disputa plantea preguntas legales relevantes: hasta dónde pueden llegar DHS e ICE en operaciones dentro de jurisdicciones estatales cuando se alegan violaciones constitucionales y discriminación. La Corte será llamada a balancear la autoridad federal en inmigración con la protección de derechos civiles de residentes y visitantes.
Reacciones y próximos pasos
En el texto de la demanda, la Fiscalía advierte que la intención es frenar futuras escaladas y obtener reparaciones judiciales. Hasta el cierre de esta nota, las agencias federales no han emitido una respuesta pública reproducida por este medio. La demanda abrirá seguramente una batalla legal con audiencias, posibles medidas cautelares y un escrutinio mayor sobre tácticas operativas de inmigración en zonas urbanas.
Qué puede hacer la ciudadanía
- Informarse sobre audiencias públicas y documentos judiciales relacionados con la demanda.
- Contactar a representantes locales para expresar preocupaciones sobre seguridad, derechos civiles y política migratoria.
- Apoyar servicios legales y organizaciones comunitarias que asisten a personas afectadas por redadas.
La demanda de Minnesota plantea un choque directo entre poder federal y protección estatal de derechos. En el corazón del pleito están no solo procedimientos y protocolos: están las vidas de familias que claman por seguridad y justicia en medio de lo que el fiscal Ellison describe como un operativo que ha convertido calles y servicios públicos en zonas de riesgo.