Operativo en Martissant deja 34 presuntos pandilleros muertos; papel de contratistas y tropas genera dudas

Puerto Príncipe, 19 de noviembre. Al menos 34 presuntos miembros de la banda de Grand Ravine murieron este jueves en un operativo de la Policía de Haití con el apoyo de la empresa Vectus Global, según un comunicado oficial y reportes de Reuters y la agencia Associated Press. Medios locales como Le Nouvelliste y Radio Télé Caraïbe señalan que en la acción también participaron soldados del contingente enviado por el presidente Nayib Bukele.

Es la primera ofensiva de gran alcance en Martissant desde que las pandillas tomaron el control del barrio hace cinco años y cerraron la principal vía entre Puerto Príncipe y el sur del país. La recuperación de esa ruta tiene un impacto directo en la vida cotidiana: reduce el costo del transporte, facilita el envío de alimentos y medicinas y disminuye los tiempos de respuesta en emergencias, recuerdan comerciantes y conductores citados por medios locales.

La Policía describe la operación como un golpe contra un bastión criminal. Reuters y AP divulgaron la cifra de 34 muertos basada en fuentes oficiales. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han advertido en otras ocasiones sobre la necesidad de investigaciones independientes cuando las fuerzas de seguridad y contratistas privados actúan en zonas urbanas densamente pobladas.

El uso de contratistas privados en operaciones de seguridad levanta preguntas concretas. Vectus Global, mencionada por la Policía y por reportes internacionales, no es un actor neutral: su presencia obliga a clarificar responsabilidades, régimen jurídico aplicable y mecanismos de rendición de cuentas, explican especialistas en seguridad citados por medios regionales.

Asimismo, la participación de tropas vinculadas al presidente salvadoreño Nayib Bukele, reportada por agencias internacionales, vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la intervención de fuerzas extranjeras en un país con frágiles instituciones. Los gobiernos que ofrecen apoyo deben aceptar supervisión y colaborar con instancias independientes para evitar abusos, señalan analistas consultados por la prensa.

En Martissant, vecinos relataron a periodistas locales que se vivieron horas de pánico, cortes de electricidad y desplazamientos. No existe por ahora un balance claro sobre víctimas civiles ni sobre la magnitud de los daños materiales. Las autoridades prometieron una investigación interna, pero la comunidad exige una auditoría externa y transparente, según reportes de Le Nouvelliste.

La operación exhibe un avance en la capacidad operativa del Estado, pero también deja en evidencia límites estructurales: sin presencia sostenida del Estado, programas sociales y alternativas económicas para jóvenes, cualquier victoria militar puede ser temporal. ONG y actores comunitarios recuerdan que la seguridad no se logra solo con balas, sino con empleo, educación y acceso a servicios básicos.

En medio de la celebración oficial por la recuperación de sectores estratégicos, queda abierta la pregunta sobre cómo se protegerá a civiles, cómo se garantizará el debido proceso para los detenidos y qué mecanismos se instaurarán para fiscalizar a contratistas privados y fuerzas extranjeras. Reuters, Associated Press y medios locales seguirán aportando cifras y testimonios a medida que avance la investigación.

Para muchos habitantes de Martissant, la intervención representa una esperanza pero también una advertencia: la paz durable exige política pública coherente, inversión social y controles claros. Sin eso, los huecos del poder volverán a ser ocupados por quienes se lucran de la violencia, advierten líderes comunitarios entrevistados por la prensa.

Con información e imágenes de: France 24