Lula decreta semana laboral de cinco días y fija 40 horas para 2027

Brasilia. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva firmó este martes un decreto que reglamenta la transición de la histórica jornada laboral en Brasil: se pasa de un esquema que permitía seis días de trabajo y uno de descanso a una semana de cinco días laborales y dos de descanso. La norma, aprobada previamente por el Congreso, comenzará a aplicarse el 16 de diciembre y reducirá gradualmente la jornada máxima de 44 a 40 horas semanales para 2027, según informó el Ministerio de Trabajo.

La medida, que el Gobierno presenta como un avance en derechos laborales y calidad de vida, tiene efectos concretos: más tiempo para la familia, el estudio y el ocio, y la posibilidad de reducir el agotamiento físico y mental en sectores que vienen soportando jornadas extensas. “Es un respiro para millones de trabajadoras y trabajadores”, dijo la central sindical CUT, que celebró el decreto en declaraciones recogidas por nuestra corresponsal Valeria Saccone.

Pero no es una transformación sin fricciones. Organizaciones empresariales como la Confederación Nacional de la Industria (CNI) advierten sobre el impacto en costos y competitividad, especialmente para pequeñas y medianas empresas que ya operan con márgenes estrechos. El sector servicios y la manufactura señalan la necesidad de reglas claras para turnos, horas extra y negociación colectiva, algo que el decreto remite a regulaciones posteriores y acuerdos sectoriales.

Los datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) muestran que el país combina una elevada informalidad laboral con intensas cargas horarias en ciertos segmentos. Especialistas consultados por este periódico explican que, sin políticas complementarias —fiscalización efectiva, incentivos a la productividad, capacitación y medidas para la formalización—, la reducción formal de horas puede no traducirse automáticamente en más tiempo libre real para quienes trabajan en la economía informal.

La experiencia internacional sirve de lección: países que han reducido la jornada han visto beneficios en salud y productividad, pero también han necesitado negociar con empleadores, invertir en tecnología y adaptar turnos. “No es solo recortar horas, es reorganizar el trabajo”, apunta una investigadora del área laboral entrevistada por Valeria Saccone. En Brasil, la dificultad será coordinar al mismo tiempo al sector público, la industria y el comercio, sin agravar la precariedad.

El decreto establece un calendario de implementación que culmina en 2027 con el techo de 40 horas, y deja en manos de normas complementarias la regulación de compensaciones y flexibilidad horaria. Para algunos sindicatos, eso abre la puerta a convenios sectoriales que protejan salarios y condiciones; para empresarios, puede generar incertidumbre hasta que se aclaren las reglas.

En la calle, la reacción es mixta. Carolina, empleada de una clínica privada en São Paulo, celebra poder recuperar los sábados con su hija; un pequeño comerciante del barrio, en cambio, expresa preocupación por cómo reorganizará los turnos sin perder ventas. Es la fotografía de una medida que apunta a un derecho colectivo pero choca con realidades dispares.

El Gobierno asegura que acompañará la reforma con inspecciones del Ministerio de Trabajo y programas de apoyo a la productividad. Críticos piden además claridad fiscal: reducir horas sin apoyar a las empresas puede provocar desempleo o más trabajo en negro. La centralidad del debate estará en cómo se aplican las reglas en el día a día y en la capacidad del Estado para fiscalizar y asistir la transición.

Esta decisión coloca a Brasil en una nueva etapa de su política laboral, con apuestas por el bienestar pero con riesgos reales en la implementación. El éxito dependerá de que el decreto vaya acompañado de diálogo social, medidas técnicas y recursos para proteger a quienes más sufren la precariedad.

Nos amplía nuestra corresponsal Valeria Saccone.

Con información e imágenes de: France 24